El Tribunal Supremo ha cerrado la puerta al recurso presentado por la Diputación de Alicante contra la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el del Tajo. La decisión no entra en el fondo del asunto y se basa en la falta de legitimación de la institución provincial para presentar el contencioso.
El fallo deja sin recorrido judicial la iniciativa de la Diputación, que había cuestionado el procedimiento de elaboración del decreto y medidas como el incremento de los caudales ecológicos o el impacto del cambio hacia el uso de agua desalada. La resolución confirma así el Real Decreto impugnado.
Desde la institución provincial se insiste en que el rechazo del recurso no responde a un análisis de los argumentos planteados. Entre ellos figuraban informes técnicos y académicos que ponían en duda la justificación de algunas decisiones incluidas en la norma, así como su coste energético y medioambiental.
Pese a este revés, la Diputación mantiene su estrategia de defensa del trasvase Tajo-Segura. Su hoja de ruta pasa por reforzar la colaboración con la Generalitat Valenciana y con otras administraciones implicadas, como el Gobierno de la Región de Murcia, además de continuar el trabajo conjunto con regantes y agricultores.
El incremento de los caudales ecológicos contemplado en el decreto es uno de los puntos que más preocupación genera, al considerar que compromete la viabilidad de esta infraestructura clave para el sureste español. La institución provincial sostiene que el recorte de agua tendrá consecuencias directas en la economía de la zona.
La Diputación continuará participando en los grupos de trabajo y aportando apoyo técnico y jurídico en defensa del trasvase, con el objetivo de que los intereses de la provincia sigan presentes en el debate sobre la gestión del agua.
