La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha adoptado, a petición de once municipios afectados, la medida cautelar de suspensión de la ejecución del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 21 de febrero de 2023, por el que se clausura el tramo ferroviario entre Tarancón y Utiel en la línea 03-310 Aranjuez-Valencia Fuente de San Luis.
Los municipios (pertenecientes a las provincias de Cuenca, Valencia y Madrid) pidieron la suspensión cautelar al entender que si se ejecutase lo acordado se causaría un grave perjuicio a los ayuntamientos, de difícil reparación, por cuanto la infraestructura estaría suprimida y retirada del trazado, impidiendo que, en el supuesto de una eventual estimación de la demanda, el servicio de tren en la línea suprimida pudiera restablecerse.
El Supremo señala en un auto que los recurrentes llevan razón cuando sostienen que la ejecución del Acuerdo impugnado conlleva un perjuicio de difícil reparación para sus intereses, pues, ciertamente, de llevarse a cabo su efectividad, podría implicar el desmantelamiento de la infraestructura ferroviaria controvertida que transcurre por los términos municipales de los Ayuntamientos recurrentes, dificultando en el futuro que pudieran retomarse las operaciones ferroviarias.
Añade el tribunal que la pretensión principal que ejercitan los entes locales en este proceso consiste en que se declare la nulidad de la decisión de clausura de la línea y la continuidad del servicio ferroviario en tales municipios y si eventualmente se estimara dicha pretensión de nulidad en la sentencia que se dicte en autos, “es claro que la eliminación o supresión de los elementos que conforman la infraestructura dificultaría o haría imposible la reanudación del servicio o exigiría una cuantiosa y excesiva inversión para su restablecimiento”, destaca el auto.
Por ello, explican los magistrados, “para garantizar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y la eventual ejecución de una sentencia favorable a los intereses de los Ayuntamientos recurrentes, procede la adopción de la medida cautelar interesada, teniendo en cuenta, además, que el mantenimiento de la vía ferroviaria ya instalada no causa un perjuicio a la Administración del Estado y sí lo genera la supresión del trazado de la línea, en el supuesto en el que se estimara el recurso contencioso administrativo deducido”.
Una lucha que no cesa
En los últimos años, las inversiones en Ferrocarril han sido testimoniales, dedicándose el 80% del presupuesto a Alta Velocidad, un tren devorador de recursos tanto medioambientales, como económicos. En paralelo se está produciendo el deterioro hasta el cierre de líneas de Ferrocarril Convencional (FFCC) que unían los pueblos, agudizando/aumentando la despoblación de territorios rurales.
Es el caso de la línea Aranjuez-Utiel, que fue operando con velocidades máximas de 60km/h y limitaciones a 20 y 30 km/h hasta el cierre del tramo Utiel-Cuenca después de la tormenta Filomena (enero de 2021), exhibida por las autoridades como causa. La realidad desde entonces hasta hoy prueba que solo fue una excusa: también se cerró un tramo perfectamente operativo y en servicio comercial, entre Cuenca y Aranjuez, dejando el 4 de marzo de 2023 cerrado oficialmente la línea Utiel-Cuenca-Aranjuez.
Después de las denuncias y reivindicaciones de las plataformas de defensa del ferrocarril, grupos ecologistas y usuarias, se habilitó una línea de bus sustitutoria, que no cubre ni de lejos las necesidades de las comarcas rurales que atraviesa esta línea.
Partidos como Compromís y colectivos como Acció Ecologista-Agró, Ecologistes En Acció o el sindicato CGT han puesto el foco de muchas y diferentes maneras sobre esta problemática. El documental ‘Desmantelando la línea‘ de Joel Chaou retrata de manera muy ilustrativa todo este proceso, erigiéndose en auténtico
Mención especial merece la ruta cicloturista que del 15 al 17 de abril llevó a más de 70 personas a conocer sobre el terreno los pueblos, gentes y territorio que se está viendo perjudicado por esta situación. Esta experiencia, que fue todo un éxito y superó todas las previsiones, fue organizada por las asociaciones Rodamons, València en bici-AE Agró y el sindicato CGT con el objetivo de reivindicar un tren público y de calidad que llegue a los pueblos.
La decisión del Tribunal Supremo no es sino un soplo de aire en un proceso que, de no revocarse, terminará por asfixiar a estas poblaciones y condenarlas al despoblamiento.
