La sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso de apelación en el juzgado número 2 de València interpuesto por la empresa Litoral del Este contra un fallo judicial de finales de julio de 2021 por el que el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria quedaba absuelto del pago de una indemnización de 25 millones de euros por la anulación del Programa de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos.
El proceso judicial tiene su raíz con el convenio que se firmó en 2005 entre el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria y la empresa citada para llevar a cabo el programa urbanístico a cambio de 20 millones de euros como contraprestación económica por la tramitación del PAI y su puesta en marcha en un futuro en esta zona del área oeste del término municipal.
Sin embargo, una sentencia primero del Tribunal Superior de Justicia de abril de 2013 y una posterior de ratificación por parte del Tribunal Supremo de junio de 2016, tras un recurso de la plataforma Salvem Porxinos, declaraba nulos los planes parciales y la homologación del proyecto urbanístico, especialmente por "la ausencia de suficientes recursos hídricos en la zona" y por "la falta de concurrencia y publicidad en el trámite del plan urbanístico".
"a dedo y sin la oferta pública"
Según estas sentencias, tras las denuncias de Salvem Porxinos, se consiguió demostrar que en la gestión del Ayuntamiento y la mercantil del Valencia Club de Fútbol "no se respetaron las condiciones que imponía la declaración de impacto ambiental respecto del paraje colindante de les Rodanes" y la adjudicación de la urbanización se realizó "a dedo y sin la oferta pública".
La empresa demandante renunció en el año 2014 a las indemnizaciones económicas por la anulación del PAI a cambio de la tramitación de un nuevo programa "más respetuoso con el medio ambiente" y con una reducción del número de viviendas. De este modo, el Ayuntamiento de Riba-roja de Túria volvió a tramitar otro plan que, posteriormente, fue rechazado por la Generalitat Valenciana por su impacto ambiental.
El fallo actual del TSJ subraya que la empresa mercantil impulsada por el Valencia CF "obtuvo plusvalías de más de 130 millones de euros por la venta de terrenos de los terrenos a una nueva mercantil, Lo que pretende indicar la sentencia apelada en su razonamiento es que no se puede indemnizar un daño que no ha existido", según subraya el fallo de los magistrados del alto tribunal valenciano.
Según el fallo del TSJCV, "la empresa demandante no ha sufrido un empobrecimiento en su patrimonio, sino todo lo contrario, solo esta apreciación nos bastaría para desestimar la acción subsidiaria, el ayuntamiento cumplió con sus obligaciones en la tramitación del PAI, con lo cual opera la renuncia en 2014 a las indemnizaciones que, hipotéticamente, le correspondían; vamos a desestimar el recurso en su totalidad".
