El Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de la Guardia Civil de Alicante investiga a 20 personas de entre 35 y 88 años por un complejo residencial ilegal ubicado en suelo no urbanizable e inundable de un municipio de la Vega Baja, donde se han constatado «graves infracciones urbanísticas, medioambientales y de seguridad». El recinto funcionaba como un núcleo residencial con calles asfaltadas y unas 60 casas móviles o ‘mobil homes’, muchas ampliadas con porches o terrazas, con instalaciones propias de un ‘camping’.
Entre los investigados, de entre 35 y 88 años, hay propietarios del suelo, gestores, arrendadores y dueños de las ‘mobil homes’. A todos se les imputa un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y a dos de ellos también un ilícito contra los recursos naturales y el medio ambiente por presuntamente estar implicados en un vertido contaminante, según ha explicado el instituto armado en un comunicado.
La investigación a estas personas se ha extendido entre este año y el pasado y se inició tras una denuncia anónima que alertaba sobre un vertido de aguas residuales sin depurar que desembocaba en una acequia destinada a evacuar aguas sobrantes de riego, también conocida como azarbe.
Las gestiones practicadas permitieron acreditar que el vertido procedía de este complejo residencial. Asimismo, un informe pericial confirmó que las aguas vertidas presentaban «características contaminantes capaces de alterar de forma sustancial el equilibrio del sistema natural afectado, poniendo en riesgo la agricultura de la zona».
Durante la inspección, los agentes localizaron en el recinto alrededor de 60 casas móviles instaladas en suelo no urbanizable y en zona potencialmente inundable y para las que no había licencia urbanística.
60 empadronados
El complejo, dividido en tres calles asfaltadas, contaba con oficina de recepción, bar-restaurante, fregaderos, duchas, aseos, piscinas e instalaciones deportivas, además de las viviendas tipo ‘mobil home’, muchas de ellas con elementos añadidos como porches, terrazas o cocheras.
Todas las construcciones tenían conexión a suministros básicos como agua, luz y red de saneamiento y, en la práctica, este enclave funcionaba como un núcleo residencial, donde se constató la residencia permanente de unas 60 personas empadronadas allí.
El gerente del establecimiento presuntamente habría empleado diversas fórmulas para prolongar la actividad, como la creación de nuevas empresas o la adquisición de terrenos colindantes para ampliar las instalaciones y aumentar su rentabilidad. Asimismo, según la Guardia Civil, las viviendas eran ofertadas a través de una página web gestionada por una empresa inglesa, lo que permitía captar nueva clientela de manera continuada.
Las diligencias instruidas han sido remitidas a la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial de Alicante y el asunto ha sido judicializado en el Juzgado de Instrucción de Torrevieja, donde continúan las investigaciones.
De forma paralela, la autoridad municipal competente ha decretado el cierre de la actividad, actualmente pendiente de ejecución. Asimismo, se ha informado a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), organismo encargado de garantizar la legalidad urbanística y restaurar la realidad física alterada en suelo no urbanizable, conforme a la legislación vigente.
