Muchos son los ámbitos cotidianos que permiten a cada usuario elegir entre dos o más opciones. Normalmente en países desarrollados como España, existe un gran entramado público que abarca empresas de esta naturaleza que ofrecen servicios de calidad a un menor coste, previsiblemente, que una entidad privada. Los juegos de azar no se encuentran al margen de esta bipolaridad en nuestro país. En la actualidad, podemos encontrar innumerables entes privados que ofrecen estos servicios, y también dos empresas de las conocidas como públicas que se dedican a la misma tarea: SELAE y ONCE.
En principio y como marca la legislación todos los entes, da igual su naturaleza, deben contar con los mismos requerimientos legislativos a la hora de prestar un servicio similar. Sin embargo, surgen voces críticas desde el ámbito privado tras la reciente aprobación de una Resolución del Parlamento de Cataluña con el fin de eliminar los anuncios de Juego Online del horario infantil en los medios públicos catalanes, y aquí es donde surge el conflicto, ya que quedan al margen de esta prohibición los operadores públicos del juego.
A tenor de esto, Mikel López de Torre, Presidente de Jdigital argumenta que: “los operadores públicos no tienen ningún tipo de limitación de horarios, y como hemos visto en el último sorteo de El Niño, cualquier joven de quince años puede jugar sin problemas”. De Torre cree que sería una excelente noticia para el sector eliminar esas “peculiaridades”, o bien que se modifique “el planteamiento de tolerancia cero hacia el consumo de juegos por parte de menores que prescribe la Ley estatal del Juego”, añadió en una reciente entrevista a Azarplus como solución a una legislación tan desigual.
Incidiendo en esta idea afirma que “nos sobran los ejemplos de menores comprando boletos y escogiendo números. Saliendo en la publicidad (especialmente en El Niño), participando en los sorteos, etc… No deben. Pero es indiscutible que poder, pueden”. En comparación a los requerimientos para que un usuario acceda a un juego online “nosotros contamos con formularios de acceso con 22 campos obligatorios y todos los usuarios registrados son verificados por la Administración” asevera en la misma interlocución.
La clave debe estar en la paridad de criterios, independientemente de la naturaleza del organismo. Para ello tanto la parte pública como la privada deben renunciar a algo para alcanzar el consenso, y así poder comenzar desde el mismo punto de partida dentro de un mercado que está creciendo en los últimos años, generando muchos beneficios a las arcas públicas del Estado. Esto debe seguir creciendo como así muestra la tendencia en el último lustro. Pero hay que tener en cuenta que cuando un sector crece y es tan peculiar como el que nos ocupa, debe existir una legislación exigente que ponga cotas a las malas praxis, tanto en las empresas públicas como privadas.
