El fiscal pide seis años de cárcel para cinco empresarios a quienes acusa de haber creado cientos de altas en la Seguridad Social, de trabajadores a los que nunca contrataron y por los que nunca pagaron cuota alguna, por lo que crearon así un vacío de tres millones de euros en el sistema público.
Sin embargo, los acusados sí percibieron, por esas altas, prestaciones de desempleo y asistenciales por valor de más de medio millón de euros.
Según el fiescal, los acusados crearon empresas que no tenían actividad económica real y que, a partir de ellas, dieron de alta en el sistema de la Seguridad Social a cientos de supuestos trabajadores que no prestaban ningún servicio para ellas, ni cobraban ningún salario.
Falseando documentos públicos, los cinco acusados hacían creer a la Seguridad Social que esos trabajadores habían prestado servicios durante un determinado período de tiempo y cotizado por ello.
Con este fin falsearon documentos de contrato, recibos de finiquito, documentos de despido y nóminas, entre otros, de modo que la Seguridad Social, a partir de estos escritos coherentes con los datos que antes habían sido registrados por los defraudadores, hacía las transferencias de prestaciones económicas asistenciales, que se embolsaban los acusados.
El fiscal pide que declaren en el juicio, que se celebra estos días en la Audiencia Provincial de Valencia, varias personas a quienes dieron de alta los acusados, para dejar clara su participación en el asunto y si llegaron a cobrar prestaciones.
