La emancipación juvenil en la Comunitat Valenciana se mantiene en el 13,4% en el primer semestre de 2022, un dato que se encuentra por debajo de la media nacional (15,9%), según ha apuntado Andrea G. Henry, presidenta del Consejo de la Juventud de España. A pesar de la mejora de este indicador respecto del segundo semestre de 2021 (11,8%), estas cifras sitúan el territorio valenciano como la segunda comunidad con menos gente joven emancipada, solo por detrás de Cantabria.
Según ha explicado la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut (CVJ), Esther Martínez, «la precariedad laboral, los bajos salarios que perciben las personas jóvenes y el elevado precio de la vivienda son los principales obstáculos que imposibilitan la emancipación entre la población joven, a los cuales tenemos que sumar los efectos de la inflación, que ha supuesto un encarecimiento generalizado de la vida y una pérdida de poder adquisitivo entre las personas jóvenes».
Si bien se ha reducido la temporalidad entre la contratación joven gracias a la reforma laboral del Gobierno central, el resto de indicadores de precariedad laboral continúan mostrando cifras «preocupantes». El 50,8% de las personas jóvenes que trabajan a tiempo parcial en el territorio valenciano lo hace de manera involuntaria. Es decir, que querrían hacerlo a jornada completa si tuvieran la oportunidad.
Así mismo, el salario medio que perciben las personas valencianas menores de 30 años es de 805,88 euros, una cifra que refleja la pérdida de poder adquisitivo respecto del año anterior y que está por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (1.080 euros) y la media estatal (902,91 euros).
En cuanto al subempleo, que representa a aquellas personas que trabajan menos horas de las que querrían o podrían, la cifra se sitúa en el 16,7%. Además, el 44,5% de la población joven asalariada está sobrecalificada para el trabajo que desarrolla.
«La falta de trabajos de calidad, con contratos indefinidos a jornada completa para aquellas personas jóvenes que lo desean, y de salarios dignos que se correspondan con el coste real de la vida, generan inestabilidad económica e incertidumbre sobre el futuro, dos cuestiones que impiden poner en marcha el proyecto vital de miles de personas jóvenes de manera autónoma», según ha asegurado Esther Martínez.
Dificultad para acceder a una vivienda
El otro gran obstáculo a la emancipación al cual tiene que hacer frente una persona joven es la dificultad que hay para acceder a una vivienda. Una persona joven asalariada tiene que destinar el 72,3% de su salario a pagar el alquiler si se emancipa en solitario y un 37,6% si comparte piso.
Estas cifras han empeorado respecto a 2021 como consecuencia de la inflación y un crecimiento desmesurado del coste de la vida en comparación con los salarios de las personas jóvenes. La recomendación del Banco de España es que este gasto no suponga más del 30% del sueldo.
Concretamente, se ha encarecido el precio del alquiler y de la compraventa de viviendas un 11,84% y un 5,69% respectivamente, así como el coste de los suministros básicos como el agua, el gas o la electricidad un 6,91%. Al mismo tiempo, la juventud valenciana ha perdido un 5,04% de poder adquisitivo en un año, puesto que los salarios de las personas jóvenes han crecido mucho menos de lo que lo han hecho los bienes y servicios, si se tiene como referencia el Índice de Precios al Consumo (IPC).
En los últimos años se han conseguido hitos importantes en la materia gracias al trabajo del CVJ con la Administración Pública, como el Bono Joven al Alquiler, el aumento de esta partida presupuestaria en 30 millones de euros por parte del Gobierno de la Generalitat, las ayudas a la adquisición de viviendas por parte de personas jóvenes en municipios en riesgo de despoblamiento o la reserva preferente del 40% de la vivienda pública para jóvenes, pero desde el órgano de representación juvenil reclaman medidas más ambiciosas.
«Los problemas de la juventud ya están en la agenda política y se ha avanzado en la investigación de soluciones, pero las cifras nos indican que no son suficientes. Por este motivo, desde el CVJ queremos ir un paso más allá y que se pongan en marcha políticas que produzcan cambios estructurales que tengan un impacto profundo en el mercado laboral y de la vivienda, como es la regulación del precio del alquiler, el aumento del parque público de vivienda, el aumento del Salario Mínimo Interprofesional o la prohibición de las prácticas no remuneradas», según ha reclamado la vicepresidenta del Consell Valencià de la Joventut.
