La Diputació de València eleva a los 80 millones de euros su aportación de este año al Fondo de Cooperación Municipal en el que participa junto a la Generalitat. El presidente, Vicent Mompó, y la vicepresidenta Natàlia Enguix avanzan un nuevo suplemento de 20 millones de euros, procedente del remanente, que al igual que los dos últimos años servirá para completar esos 80 millones que recibirán en 2024 los 266 municipios y las tres entidades locales menores de la provincia, tanto para inversión como para gasto corriente.
El pleno de julio dará luz verde al reparto inminente de otros 16 millones de euros y también a la última modificación del Fondo, cuyo reparto se resolverá en el pleno de septiembre. Los ayuntamientos acaban de recibir la primera entrega provincial del Fondo de Cooperación, con un total de 44 millones de euros, de los cuales 40 se han repartido entre las poblaciones de menos de 50.000 habitantes y cuatro entre las cinco grandes ciudades valencianas. En los próximos meses se completará el pago de este Fondo con el que la Diputación “mantiene su apuesta por una herramienta que ha demostrado ser muy efectiva para los ayuntamientos y con los criterios que ya aplicaba esta institución, beneficiando a los municipios más pequeños”, apunta el presidente Mompó.
Vicent Mompó recuerda que al inicio de la legislatura “ya dijimos que, por nuestra parte, el Fondo de Cooperación iba a continuar y con la mayor dotación posible, pero también queríamos ser prudentes y esperar a que se resolvieran los recursos presentados al anterior programa para no tener que dar pasas atrás”. Ahora, una vez se ha pronunciado la justicia, habilitando una herramienta que no es obligatoria para las diputaciones, “este gobierno provincial ha demostrado que estamos con el Fondo, aportando 80 millones de euros este año, que es lo mismo que aportó la institución en 2022 y 2023”.
El presidente insiste en que el reparto del Fondo de Cooperación “responde a uno de los ejes de este equipo de gobierno, que es priorizar siempre a los municipios pequeños e introducir fórmulas de reparto que garanticen la liquidez a los que menos recursos tienen”. Además de ese respaldo económico, “hemos introducido otra clave que es la cercanía con los alcaldes y alcaldesas, no solo pisando territorio y acercándonos a ellos para conocer sus problemas, sino facilitándoles los procesos y tramitaciones para que no tengan que renunciar a las ayudas que concede la Diputación”.
Mejora en los tiempos y en las formas
La vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, ha coincidido con Mompó a la hora de destacar la “seguridad jurídica” con la que se ha actuado en la puesta en marcha del Fondo de Cooperación en el primer ejercicio del nuevo ejecutivo provincial, y ha puesto de relieve igualmente la mejora en los tiempos y las formas de los planes de inversión de la Diputació de València, tanto el nuevo Pla Obert como este Fondo incondicionado en el que participa junto al Consell y las diputaciones. “Nos hemos diferenciado de la Generalitat a la hora de proteger en el reparto a los municipios más pequeños, y en apenas semanas, una vez resueltos los recursos judiciales, se ha ingresado en los ayuntamientos más de la mitad de la asignación total”, ha señalado Enguix.
La vicepresidenta y responsable de Cooperación asegura que el Fondo “es un complemento ideal para el Pla Obert d’Inversions, ya que puede destinarse también a gasto corriente y en un proceso ágil para los ayuntamientos al no tener que justificar los proyectos”. En cuanto al Pla Obert, Natàlia Enguix ha manifestado que “lo aprobamos seis meses antes que el último plan de inversiones del anterior gobierno, y antes de verano tendremos en marcha más de un centenar de proyectos frente a los cero proyectos del plan anterior”.
“La principal novedad es que se trata de un plan cuatrienal que permite a los ayuntamientos presentar sus solicitudes en cualquier momento, sin presiones”, continúa Enguix, quien se muestra convencida de que al final de la legislatura “habremos cuadruplicado el nivel de ejecución, que es lo verdaderamente importante porque supondrá que el dinero se ha quedado en los municipios y se ha traducido en mejoras reales para los vecinos y vecinas”.
El reto de la suficiencia financiera
Por su parte, la diputada de Hacienda, Laura Sáez, ha lamentado las “argumentaciones interesadas y sesgadas de la oposición en estos meses de especulaciones y falsos vaticinios, en especial por parte del portavoz socialista Fernández Bielsa y sus continuas tergiversaciones”. La responsable de Hacienda también ha repasado los tiempos: “el 18 de junio, una vez se habían pronunciado el Tribunal Constitucional y el TSJ respecto al Fondo de Cooperación, aprobamos una aportación inicial de 44 millones de euros que ya han cobrado los ayuntamientos, y en menos de un mes hemos incrementado esa dotación hasta los 80 millones que se aportaron los dos últimos años”.
Sáez ha hecho hincapié en “el cumplimiento de la palabra dada por el presidente en sus primeras intervenciones, en medio del ruido generado por la oposición, que ahora se traduce en esta apuesta decidida por el Fondo de Cooperación y en el incremento de las ayudas y lineas de inversión, un compromiso absoluto con el municipalismo y la suficiencia financiera de nuestros municipios, en especial con los que menos recursos tienen”.
En este sentido, “la acción de la Diputación en el ejercicio de sus competencias en asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios se plasma en numerosas actuaciones y programas que van más allá de los dos grandes planes de inversión, en ámbitos que van desde carreteras hasta patrimonio histórico, las mejoras en el ciclo del agua o los servicios sociales”, explica la titular de Hacienda, quien aprovecha para sumarse a la reivindicación municipalista de “reformar un sistema de financiación local que debe ser más equitativo y estable, profundizando en la autonomía y la responsabilidad fiscal de los ayuntamientos”.
La fórmula de reparto que ha aplicado la Diputació de València en la primera entrega del Fondo de Cooperación, ya abonada a los municipios, establece un fijo que oscila entre los 50.000 euros para ayuntamientos de hasta 500 habitantes y los 103.000 euros para consistorios de entre 20.001 y 50.000. La clave está en el coeficiente poblacional aplicado por la corporación provincial a la hora de establecer la cantidad variable, que es de cuatro puntos en municipios de hasta 500 habitantes, tres puntos en los de 500 a 1.000 habitantes y así sucesivamente hasta el 0,75 que corresponde a los consistorios de entre 20.000 y 50.000 habitantes.
