La Diputación de Alicante alegará contra el borrador del Plan Hidrológico del Tajo, tal y como ha anunciado esta mañana el presidente de la institución, Carlos Mazón, tras participar en la Comisión Técnica de la Comisión Provincial del Agua que se ha reunido para abordar este documento que conllevará, según han alertado los técnicos, una merma de los caudales para el trasvase Tajo-Segura de 146,5 hm3 al año en el horizonte de 2027, motivado, principalmente, por el aumento de los caudales ecológicos.
Mazón, que ha estado acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, no ha descartado, asimismo, presentar una recurso contencioso-administrativo si finalmente el plan impulsado por el Gobierno central sale adelante, además de «salir a la calle para defender de manera clara y contundente el trasvase». La Diputación convocará, asimismo, de forma urgente la Comisión Técnica del Agua, que se reunirá en los próximos días.
«En la defensa del trasvase nos asiste la razón y no es una pataleta, ni una queja de un territorio, ni una medida de insolidaridad. Con la defensa del trasvase estamos, precisamente, luchando contra el cambio climático y favoreciendo el medio ambiente y la sostenibilidad», ha indicado Mazón, quien ha apuntado que los caudales ecológicos del Tajo «son compatibles» con los caudales ecológicos del Segura, «que también los tiene que tener».
El dirigente alicantino ha manifestado también su «cansancio ante las mentiras y medias verdades de aquellos que dicen que el trasvase va a seguir cuando del grifo solo caen gotas. Estamos ante un proceso irreversible de cerrar definitivamente esta infraestructura. Cada mes que pasa, con cada decisión que se toma se nos va cerrando cada vez más el grifo. Ya no nos vale que nos digan que el trasvase es irrenunciable», ha insistido el presidente, quien ha alertado de que «en 5 o 6 años el trasvase se va a morir».
En este sentido, ha señalado que con la muerte del trasvase «se creará el primer desierto de Europa y se acabará con la huerta de Europa, con el futuro de muchas familias y con el porvenir de Alicante, Murcia y Almería».
Mazón ha hecho un llamamiento a la razón, al sentido común y al diálogo y ha trasladado a «nuestros hermanos» de Castilla-La Mancha «que no vamos contra ellos, sino a su favor». En este punto, ha indicado que las obras de inversión y aprovechamiento que se han de acometer en el Tajo «solucionarían muchos problemas y es algo que no debería ir en menoscabo de la solidaridad hídrica».
Por otra parte, el presidente ha calificado de «burla» la respuesta de la Confederación Hidrográfica del Tajo a las alegaciones presentadas por la Diputación de Alicante al Esquema de Temas Importantes, paso previo a la elaboración del Borrador del Plan Hidrológico del Tajo. «Ni se ha entrado en el contenido, ni se han contestado como se debe las alegaciones que con rigor científico y técnico se han presentado. Automáticamente se ha pasado al siguiente nivel», ha lamentado Mazón.
En este sentido, desde la Comisión Técnica reunida hoy también se ha criticado que en la respuesta a las alegaciones presentadas por la institución provincial se limita a contestar, «con una motivación prácticamente nula», que los usos de agua trasvasados son usos de las cuencas cesionarias y por tanto no corresponde al Plan de Cuenca del Tajo su valoración. En este punto, alertan los técnicos que «el planificador del Tajo no puede desconocer la existencia de otros derechos de configuración legal, que son los que ampara la ley que recoge el trasvase Tajo-Segura».
Durante la sesión, convocada con carácter extraordinario, se han analizado varios informes elaborados por expertos en materia jurídica e hídrica que rechazan incrementar los caudales ecológicos en base a criterios técnicos, medioambientales, sociales y económicos.
El coordinador de la Comisión y catedrático y director del Instituto del Agua de la Universidad de Alicante, Joaquín Melgarejo, ha explicado que las alegaciones que se presentarán desde la Diputación de Alicante cuestionarán la metodología empleada para fijar los caudales ambientales en la que, a su entender, se han obviado los informes que desde distintas instituciones académicas y técnicas se han elaborado.
«No es necesario incrementar el caudal ecológico en el Tajo por encima de los 6 metros cúbicos por segundo», ha señalado Melgarejo, quien ha apuntado, además, que ese aumento propuesto «tiene unos efectos sociales y económicos de primera magnitud en la cuenca receptora, porque cada metro cúbico por segundo que se aumenta en Aranjuez significa 31,5 hm3 menos al año que vienen a la cuenca receptora».
En este sentido, ha manifestado que «siendo muy conservadores, estamos hablando de que la merma de caudales para el trasvase Tajo-Segura será de 146,5 hm3/año en el horizonte temporal de 2027», ya que, además de los caudales ecológicos, las transferencias se verán afectadas por el cambio de las reglas de explotación y los desembalses a la llanura manchega.
El catedrático alicantino ha explicado, asimismo, que la intención del Ministerio de Transición Ecológica de suplir esos caudales por agua desalada elevará el precio del agua, ya que actualmente se paga la del trasvase a 11 céntimos el metro cúbico «mientras que la de las desalinizadoras se paga a 60 céntimos el metro cúbico, es decir, cinco veces más».
La reducción del trasvase también tendrá un efecto ambiental, ya que la producción de agua desalada «requiere cuatro veces más de energía que la que consume el trasvase Tajo-Segura (1kw/h por metro cúbico)». «Es paradójico que el Ministerio de Transición Ecológica se dedique a incrementar la oferta de agua con un mayor coste de energía y por tanto de emisiones de CO2», ha lamentado.
«Una decisión política»
Finalmente, la diputada de Ciclo Hídrico y también alcaldesa de Albatera ha mostrado la «absoluta preocupación» de los municipios de la Vega Baja y de los agricultores y regantes «que dependen de esta infraestructura».
«Desde la Diputación de Alicante vamos a estar al lado de ellos en cualquier acción que venga en defensa del trasvase», ha indicado Serna, quien ha insistido en que «estos cambios responden a una decisión política que ya estaba tomada y el único que podía haberla revertido es el presidente Ximo Puig, que no lo ha hecho porque ha primado los intereses de su partido a los de la Comunitat Valenciana».
