El Pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado una moción presentada por el Grupo Popular para reclamar al Gobierno de España la derogación del Real Decreto que regula desde el pasado mes de diciembre el registro de viajeros por su incidencia «negativa» en el sector turístico y le exige que consensue con éste una nueva legislación, así como la adopción de medidas que mejoren su capacidad competitiva.
La propuesta, que ha contado con el apoyo de Vox y los votos en contra de los grupos PSOE y Compromís, alerta de que la nueva norma sobre el registro documental e información de personas físicas o jurídicas tiene «un impacto extremadamente negativo en la realidad operativa y funcional de las empresas turísticas, así como en materia de afectación a los derechos fundamentales de viajeros y consumidores relacionados con la protección de datos y la privacidad».
El diputado de Desarrollo Económico, Carlos Pastor, encargado de defender la moción, ha aseverado que el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre «genera inseguridad jurídica e imposibilidad de incumplimiento porque ignora la complejidad operativa que obliga a incorporar los 42 datos que se exige que den los viajeros y supone una falta de adecuación tecnológica y una carga administrativa desproporcionada, además de una vulneración de la normativa europea y una enorme desventaja competitiva frente a competidores internacionales».
Por todo ello, tal y como ha apuntado el diputado provincial, se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a «establecer un canal fluido y constructivo con operadores turísticos y agencias de viaje y de alquiler de vehículos», al tiempo que exige que se facilite un marco proporcionado y equilibrado de obligaciones, que aporte, además, «plenas garantías de seguridad jurídica».
Pastor ha apuntado que la nueva norma «conlleva el rechazo de todo el sector turístico de España», ante lo que -ha añadido- «el Ejecutivo de Sánchez ha ignorado totalmente las peticiones de diálogo y aclaración» sobre una legislación que no tiene precedentes en otros países de Europa. «El Real Decreto exige 42 datos al viajero frente a los doce o catorce que pedía anteriormente», ha denunciado el representante provincial, quien ha recordado que tanto el Congreso como el Senado mostraron a instancias del Grupo Parlamentario del PP su rechazo a la aplicación de esta norma, «pronunciamientos que han sido ignorados completamente por el Gobierno».
La moción popular ha contado con el respaldo de la diputada de Vox, Gema Alemán, quien ha coincido en afirmar que el Real Decreto «tiene un impacto devastador en el turismo y supone un golpe brutal a la competitividad del sector y una burocratización extrema».
Por su parte, tanto Compromís como PSOE han votado en contra. El portavoz de la formación valencianista, Ximo Perles, ha admitido que la nueva norma «aumenta la burocracia, pero no supone un perjuicio concreto para el interés general».
Desde el Grupo Socialista, la diputada Yolanda Seva ha defendido, sin embargo, la legislación «porque es un instrumento de prevención y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado». Asimismo, ha argumentado que con esta medida «se ha modernizado» el registro de pernoctaciones, que data de 1959, «y en este momento se solicitan trece datos nuevos, cuando anteriormente se pedían once», así como el de alquiler de vehículos. Finalmente, ha insistido en que «dar datos no supone perder el tiempo porque es una cuestión de seguridad nacional y es compatible con la ley de protección de datos».
