La Diputación de Alicante ha presentado alegaciones contra la modificación de las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura por considerarla una medida ‘inoportuna y eficaz’ y ‘un ataque directo a la viabilidad de esta infraestructura’.
Por ello, tal y como ha explicado la vicepresidenta y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, la Diputación solicita en su escrito, presentado hoy mismo, la paralización de la modificación parcial del Real Decreto 773/2014, de 12 de septiembre, por el que se aprueban las nuevas normas reguladoras del trasvase, ya que «interfieren en el proceso de revisión del Plan Hidrológico del Tajo» y podrían producir graves impactos sociales, medioambientales y económicos a la provincia.
«Cambiar las normas de explotación en este momento es totalmente inoportuno, ya que cualquier revisión debería realizarse una vez se cuente con los nuevos planes hidrológicos», ha indicado Serna, quien ha añadido que «no sabemos a qué responde la urgencia de modificar las reglas del juego a mitad de partido, pero lo que sí sabemos es que seguiremos defendiendo los intereses de la provincia de Alicante».
Según las alegaciones presentadas, esta medida causa inseguridad jurídica, incertidumbre, ineficacia y pérdida de eficiencia y reflejan, en opinión de la diputada, «la intención del Gobierno central de finiquitar una infraestructura esencial para garantizar el abastecimiento de la provincia y la pervivencia de sectores económicos tan importantes como la agricultura o el turismo».
El documento presentado por la Diputación expone el rechazo de los usuarios finales del trasvase a la modificación de los parámetros de las reglas de explotación ‘ya que se sienten gravemente perjudicados por un nuevo descenso en los caudales trasvasables, ya de por sí una fracción de los originalmente previstos en la ley’.
La institución provincial alerta, asimismo, de que la medida no va a tener como resultado mayor disponibilidad de recursos para otros usuarios, sino que simplemente se va a consumir en forma de evaporación en los embalses de cabecera. En este punto, se plantea, por el contrario, que la irregularidad de los caudales trasvasables –argumento que se esgrime para justificar la modificación- sólo se puede resolver con la redotación de los usos dependientes del trasvase con nuevas transferencias para cumplir los volúmenes previstos en la legislación.
«No está claro cuál es la urgencia y los objetivos que se persiguen», ha apuntado, finalmente, la diputada de Ciclo Hídrico, quien ha lamentado la «falta de transparencia» en la toma de este tipo de decisiones, como pone de manifiesto el hecho de que no se permita a los regantes del SCRATS, principales usuarios del trasvase, asistir a las reuniones de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
