Por primera vez, un mal que prometía convertirse en endémico si no lo es ya, la mortandad de aves en los tendidos eléctricos por la falta de protección de apoyos conforme a la legislación vigente, presenta un paso visible y real hacia su solución.
El paso determinante viene de manos de la Fiscalía de Medio Ambiente, que ha presentado una querella contra la compañía eléctrica Endesa y contra seis de sus directivos, a los que acusa de incumplir la Ley por la alta peligrosidad de sus tendidos eléctricos. Según las cifras aportadas por diversas fuentes, estas líneas han provocado la muerte de cientos de aves -que se tenga noticia, ya que se sospecha que la cifra puede haber sido mucho mayor- por electrocución.
La Fiscalía General de Medioambiente y Urbanismo instó en julio de 2019 a todas las Comunidades Autónomas a que exijan aplicar la normativa medioambiental tomando el ejemplo de las sanciones impuestas en Albacete. Este documento incluye algunas observaciones acerca de las innumerables deficiencias detectadas por la Fiscalía en la actuación de la mayoría de administraciones públicas autonómicas. E incluso intentos de justificación para eludir la aplicación de la legislación mediante los presuntos convenios existentes con algunas compañías eléctricas. O la consideración de que las muertes por electrocución son hechos accidentales o fortuitos y por lo tanto inevitables, por lo que no procede la exigencia de responsabilidad.
Por todo ello, la Fiscalía lanzaba un aviso a las diferentes Administraciones acerca de que determinadas actitudes y comportamientos podrían ser constitutivos de delito, precisamente por omisión del deber de perseguir delitos. Este documento de la Fiscalía, puede consultarse aquí.
Por otro lado, entidades conservacionistas como Acció Ecologista Agró, Adensva (No más aves electrocutadas), SVO (Societat Valenciana d’Ornitologia), Sociedad Albacetense de Ornitologia, Ecologistes en Acció Vila-real, Ecologistas en Acción Albacete, GER-EA (Grup d’Estudi i Protecció dels Rapinyaires – Ecologistes en Acció) y AHSA (Amigos de los Humedales del Sur de Alicante) reclamaban el pasado año 2020 en un escrito dirigido a las compañías eléctricas Iberdrola, Naturgy, Endesa, Viesgo y EDP, así como a las dos asociaciones que integran cerca de 300 empresas de distribución eléctrica más pequeñas: CIDE y ASEME, que adaptaran sus normas y manuales técnicos internos, para implantar soluciones eficaces que protegieran a las aves.
Tanto el aviso de la Fiscalía de Medioambiente como las recomendaciones de las entidades ecologistas parecen haber caído en saco roto y las electrocuciones siguen manchando de sangre la crónica medioambiental en la Comunitat Valenciana, ya que en otras comunidades autónomas llevan años imponiendo sanciones ejemplares por causar la muerte por electrocución de aves amenazadas. Iberdrola ya fue sancionada con más de 1.400.000 euros en abril de 2019 por el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha contemplando las resoluciones el deber de la compañía de instalar las Mejores Tecnologías Disponibles, para ser realmente eficaces en la prevención de las electrocuciones, en aplicación del principio de quien contamina paga y repara.
El mecanismo, por fin, ha abandonado el camino de la recomendación y el ruego y comienza a transcurrir por el de la acción judicial y la sanción. La querella, de ámbito nacional, ya ha sido admitida a trámite por un juzgado de Vic y considera que Endesa incurre en un delito contra el medio ambiente y otro continuado en lo que a protección de la fauna se refiere. Por otro lado, la querella admitida en Vic advierte que los tendidos eléctricos de la compañía en la provincia de Barcelona incumplen la normativa y suponen una «auténtica trampa mortal que está afectando gravemente a la avifauna desde hace años».
Incide el Ministerio Público en su escrito en el hecho de que la compañía, pese a ser consciente del incumplimiento sistemático de la normativa en muchas de sus torres, se ha limitado a realizar correcciones que pueden considerarse como «muy puntuales», siempre a instancias de la Fiscalía y los Agentes Medioambientales, nunca por iniciativa propia, y muy lejos, añade de acometer una «inversión decidida» para solucionar una realidad más que acuciante, urgente y trágica.
