Los agentes jurídicos aceptan la decisión de la Conselleria de Justicia ante las deficiencias de la dotación informática de juzgados, tribunales y fiscalías
La administración de Justicia valenciana no incorporará el expediente digital el próximo 1 de enero de 2016 pese a lo establecido en la reciente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Así se ha decidido hoy en Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas tras la reunión mantenida por sus responsables con los representantes de los principales operadores jurídicos de la comunitat.
La reforma de la LECrim que entra en vigor el próximo 1 de enero culmina la estrategia de ‘papel cero’ que pretende acabar con los expedientes físicos en las secretarías de juzgados, tribunales y fiscalías. La norma obliga a todos los profesionales de la Justicia al empleo de «los sistemas telemáticos existentes» para la presentación de escritos y documentos, así como en todos los actos de comunicación procesal necesarios durante la tramitación de cualquier proceso.
En la reunión mantenida hoy en la sede de la conselleria, su máxima responsable, Gabriela Bravo, ha expuesto a los representantes de los operadores jurídicos que la administración autonómica no dispone de esos sistemas telemáticos, de tal forma que «no está garantizada la autenticidad de la presentación de los documentos, el registro fehaciente de su envío o recepción, así como constancia de la fecha en que se realicen esas operaciones».
Eso es lo que exige el artículo 273 de la LECrim «en los casos en que se disponga de dichos medios», ha puntualizado la consellera, por lo que en el caso de la Comunitat Valenciana esa previsión no será efectiva el próximo 1 de enero y los documentos podrán ser presentados en los juzgados, tribunales o fiscalías en soporte papel, como hasta ahora.
«La inadmisión de escritos que no llegasen a los registros por vía telemática, en caso de aplicar la obligación de acudir a estos medios, podría ocasionar perjuicios irreparables a los ciudadanos, que verían vulnerado su derecho a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales», ha concluido la consellera Bravo.
Los representantes de los operadores jurídicos han acordado plasmar en un documento su aceptación de las explicaciones dadas por los responsables de la Conselleria de Justicia. El acuerdo reafirma su compromiso con la «decidida, definitiva y urgente modernización» de la administración de Justicia, pero añaden que «la misma no se conseguirá únicamente con la mera modificación normativa, sino que es necesaria la dotación de los medios tecnológicos necesarios y suficientes para que sea efectiva».
La Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas se ha comprometido con los operadores, por su parte, a «continuar con los proyectos puestos en marcha estos últimos meses y redoblar sus esfuerzos hasta alcanzar, lo antes posible, las condiciones necesarias para hacer efectiva la previsión contenida en la LECrim».
Los responsables de la Dirección General de Tecnologías de la Información calculan que el expediente digital podrá ser una realidad en los órganos judiciales y fiscales de la Comunitat Valenciana en un plazo aproximado de unos seis meses.
A la reunión han asistido, entre otros representantes de los operadores jurídicos, Marian Durán, presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados; Laura Oliver, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Procuradores; Ricardo Gabaldón, presidente del Consejo Valenciano de colegios de Graduados Sociales; José Miguel de Ángel, secretario de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, y los tres secretarios coordinadores de Valencia, Castellón y Alicante.
En el encuentro, la consellera Bravo ha estado acompañada por el secretario autonómico Ferrán Puchades; la directora general de Justicia, Àngels García, y el subdirector general para la Modernización de la Justicia, Francisco Cabo.
