La Policía Nacional investiga la venta ilegal de lotes de comida por parte de una ONG de Alicante. La operación se inició a raíz de la denuncia formulada por la Subdelegación del Gobierno en Alicante, dependencias del Ministerio de Agricultura y Pesca, en relación al programa de ayuda alimentaria a las personas desfavorecidas.
La Unidad de Control del FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) que trabaja como Organismo Autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura y Pesca tiene, entre otras funciones, la de autorizar a las organizaciones para proceder con el reparto directo de alimentos a las personas más desfavorecidas, para que lleguen de manera eficaz a los beneficiarios que cumplan con los requisitos establecidos para su concesión dentro de los plazos previstos en la normativa reguladora, evitando el fraude y minimizando los riesgos de correcciones financieras derivados de una gestión incorrecta de dichos fondos.
Esta Unidad detectó ciertas irregularidades en el reparto directo de alimentos a personas necesitadas por parte de una plataforma empresarial solidaria, cuya organización disponía de hasta cinco sedes en la provincia de Alicante, poniendo estos hechos rápidamente en conocimiento de la Policía Nacional.
El Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante comenzó a llevar a cabo gestiones tendentes a esclarecer los hechos y comprobar si esta organización cumplía con los objetivos establecidos, es decir, si ponía los alimentos a disposición de las personas más desfavorecidas de forma gratuita, ya fuera mediante la elaboración de comidas preparadas para ser consumidas en las instalaciones de la organización o mediante la entrega directa de lotes de comida, alimentos que en este caso procedían del Banco de Alimentos.
Continuando con la investigación, los agentes comprobaron que las cinco sedes de la organización efectuaron el reparto de alimentos dentro del Programa de Ayuda 2018, recibiendo todas ellas alimentos. Las cinco sedes fueron inspeccionadas por la Dependencia de Agricultura y Pesca de Alicante.
Fruto de las inspecciones llevadas a cabo se pudo determinar que, en algunas de las sedes, el número de beneficiarios se había duplicado, faltando por lo tanto multitud de existencias en los almacenes. En otra, existían diversas incoherencias en las notas de entrega de los lotes de comida ya repartidos, puesto que constaban que su reparto era superior al número de productos previamente recibidos. Igualmente se detectaron anomalías en los locales que no reunían las condiciones higiénicas necesarias para desarrollar esta actividad.
Los investigadores verificaron cada una de las anomalías denunciadas, determinando que efectivamente se desconocía, en algunos de los casos, el paradero de hasta cerca de una tonelada de comida. Por otra parte, los agentes apreciaron que muchos de los beneficiarios figuraban en los listados de forma duplicada, presumiendo por tanto que los listados podían haber sido falseados para que ciertas personas obtuvieran más alimentos que los que les corresponde.
Fruto de las pesquisas practicadas, los investigadores llegaron a la conclusión que, incumpliendo la normativa, la organización presuntamente vendía de forma ilegal lotes de comida a algunas de las personas que figuraban como beneficiarias o bien utilizaban presuntamente esos alimentos para pagar ciertos servicios que la organización contrataba. En algunos de los casos, ciertos lotes de comida procedentes del Banco de Alimentos eran presuntamente vendidos para su posterior traslado a Marruecos.
Varios voluntarios de la organización eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso algunos de ellos se encontraban en situación irregular en España
De acuerdo con las manifestaciones vertidas por testigos y miembros de la propia asociación, algunos de los trabajadores de la misma no cobraban por los servicios prestados, siendo remunerados en algunas ocasiones por comida del Banco de Alimentos. En algunos casos, los voluntarios eran personas necesitadas, sin trabajo e incluso, algunos de ellos, se encontraban en situación irregular en nuestro país.
Tras identificar a los presuntos responsables de las distintas sedes, los agentes localizaron y detuvieron en Alicante, en una primera fase, a una mujer de nacionalidad peruana de 30 años, como presunta autora de un delito de estafa continuada y falsedad documental. Del mismo modo, fueron oídas en declaración como investigadas no detenidas dos personas más.
El principal responsable de la trama, ya en prisión, se ocultaba en la localidad de Torrevieja al constarle en vigor una reclamación judicial por violencia de género
Los agentes seguían sin éxito la pista del principal responsable, varón peruano de 49 años. A esta persona le constaba en vigor una reclamación judicial por malos tratos habituales en el ámbito familiar, además de los delitos que se le acusaban en este entramado en cuestión, estafa y falsedad documental.
Los agentes sospechaban que pudiera estar escondido en alguna localidad de la provincia de Alicante, por lo que establecieron un dispositivo de búsqueda que concluyó el pasado viernes con su localización y detención en Torrevieja (Alicante).
La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Alicante.
