Pide que se convoque la Conferencia de Presidentes para dar voz a las comunidades y exigir a la UE una aplicación «flexible, razonable y realista» de los objetivos de déficit | «El reto que nos planteamos es que el problema valenciano pase a formar parte de la solución española», afirma el jefe del Consell | Mónica Oltra: «Lejos de la imagen del ‘Levante feliz’ a bordo de coches de lujo late una población castigada por una injusticia que hay que reparar»
El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha defendido en Madrid una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica que permita dar solución a las desigualdades entre territorios. «El reto que nos planteamos es que el problema valenciano pase a ser parte de la solución española», ha subrayado el responsable del Consell.
Puig, acompañado de los miembros del Ejecutivo valenciano, se ha pronunciado en estos términos durante el acto por una financiación justa organizado por la Generalitat en Madrid y que ha congregado en el Circulo de Bellas Artes de la capital a entidades empresariales, sindicatos, asociaciones, universidades y representantes de las principales instituciones valencianas.
El President ha reivindicado la necesidad de mostrar con este acto en Madrid la urgente necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica que acabe con el «trato injusto» que recibe la Comunitat Valenciana. «El pueblo valenciano ha expresado un sencillo, pero solemne ‘hasta aquí hemos llegado’ y era imprescindible que se escuchara» en la capital española, ha subrayado en alusión a la campaña de adhesiones al manifiesto por una financiación justa, suscrito por centenares de asociaciones y por más de 300 alcaldes y alcaldesas de la Comunitat.
El jefe del Consell ha defendido que no es intención de la Generalitat propiciar «ningún debate localista ni victimista» o basado en reivindicaciones «de parte» y en la búsqueda de «privilegios», sino que lo que se pretende es aportar al tablero político una propuesta de financiación que se formula «desde la Comunitat Valenciana», pero que no es «para la Comunitat Valenciana», sino para el conjunto de España.
El President ha apelado a la «anomalía democrática» que supone este «problema valenciano», provocado por años de infrafinanciación y de infrainversión y que tiene, como derivadas fundamentales, «la invisibilidad y la desigualdad». «Estamos ante una cuestión de Estado», porque «no se está cumpliendo la Constitución, ha dicho.
Puig ha anunciado también su intención de pedir que se convoque la Conferencia de Presidentes para que se dé voz a las comunidades autónomas y que el Gobierno en funciones acuerde con ellas exigir a la Comisión Europea una aplicación «flexible, razonable y realista» de los objetivos de déficit con el fin de evitar posibles sanciones y fijar una posición conjunta.
Ante el debate que se está produciendo esta semana en Europa sobre la posibilidad del bloqueo de los fondos estructurales a España y a Portugal por incumplimiento del déficit, Puig ha subrayado que las comunidades autónomas son las que mayor esfuerzo han realizado en el recorte de ese déficit. Por ello, ha defendido que el peso de esta situación «no puede recaer exclusivamente en las comunidades autónomas porque son las que gestionan esos fondos que llegan de Europa y que son esenciales para el desarrollo económico y social».
Además, ha abogado por acabar con la «invisibilidad» que representa el «tópico autoimpuesto» del ‘Levante feliz’, pese a que la valenciana es «la única autonomía pobre que aporta como una rica» y cuenta con unos recursos por habitante «que están entre un 11% y un 12% por debajo de la media y que la alejan en más de un 30% de las comunidades de régimen común mejor financiadas».
Oltra y la discriminación histórica
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusiva, Mónica Oltra, ha asegurado, por su parte, que la «discriminación histórica» en materia de financiación que sufre la Comunitat «impacta en la vida cotidiana» de las personas, especialmente de quienes más necesitan la protección y el abrigo de los poderes públicos». «Hay más de cinco millones de españoles que sufren una discriminación inconstitucional», ha aseverado.
En este sentido, ha coincidido con Puig en que «lejos de la imagen del ‘Levante feliz’ a bordo de ferraris y coches de lujo late una población castigada que sufre las consecuencias de una injusticia que hay que reparar», ha afirmado Mónica Oltra. «Hay un consenso absoluto de todas las fuerzas políticas, sindicales, del mundo académico y empresarial, entidades del tercer sector, entre otros» en esta reivindicación.
Oltra ha apuntado que, con una financiación constitucionalmente justa, se podría aumentar un 70% el importe de la renta garantizada de ciudadanía, construir 12 centros de atención a personas con trastorno mental grave que atenderían a 500 personas, o incorporar 80 centros de recuperación integral para mujeres víctimas de la violencia machista en las que se podrían atender a unas 1.600 mujeres.
De lo que se trata es de «reclamar un cambio definitivo en el modelo de financiación autonómica con criterios de equidad y justicia social que termine con el maltrato y compense la discriminación histórica hacia la Comunitat Valenciana», ha concluido.
El acto ha sido introducido por el presidente de Les Corts, Enric Morera, quien ha destacado que «sin autonomía financiera, no hay autonomía política» y ha reclamado «políticas de Estado, consenso y acuerdo» ante una reivindicación «justa» y «solidaria» como la que plantea la Comunitat.
Asimismo, el experto en financiación Francisco Pérez García ha defendido que «es posible encontrar soluciones útiles para todos los problemas y todas las comunidades autónomas». «Las condiciones que el nuevo modelo de financiación debería cumplir para alcanzar nuevos objetivos son: basarse en criterios claros, contemplar simultáneamente las cuestiones de suficiencia y estabilidad, de equidad y solidaridad, corresponsabilidad fiscal y solidaridad institucional y, por último, superar el statu quo», ha indicado.
