Madrid acoge hoy un acto de protesta de los agricultores de la Comunitat Valenciana contra el recorte del trasvase Tajo-Segura, en la que ya se ha convertido en la gran reivindicación de la provincia de Alicante contra la decisión unilateral del gobierno central que perjudica y mucho al sector en la Vega Baja. Una protesta en la que no participa, o al menos no con la firmeza que cabría esperar, el Govern de Ximo Puig, quien se ha mostrado favorable a la vía del diálogo antes que el enfrentamiento con su jefe de filas, Pedro Sánchez.
Enfrente se ha situado el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, quien tras conseguir un consenso inédito en la entidad provincial en la defensa del trasvase, se ha erigido en punta de lanza volcando toda su fuerza en esta lucha sin cuartel. Algo que ha coincidido en el tiempo con su candidatura a dirigir el PP de la Comunitat Valenciana, tras la sonada retirada de Isabel Bonig.
De ahí que LA UNIÓ de Llauradors abogue por un gran acuerdo sobre el trasvase Tajo-Segura alejado de las guerras políticas y partidistas y dirigido por técnicos imparciales, porque al final el cambio de las reglas actuales de explotación del trasvase del Tajo al Segura lo ha orquestado un Consejo Nacional del Agua totalmente político, sesgado y a las órdenes del Ministerio de Transición Ecológica.
La protesta de hoy en Madrid, como las realizadas el pasado 15 de mayo en diversos puntos de la provincia de Alicante, son un paso más en la lucha por mantener el trasvase y evitar unos recortes de agua que amenazan nuestra agricultura.
LA UNIÓ considera que en un asunto de tanta importancia -está en juego el futuro de 30.000 familias que de una manera u otra viven del agua del trasvase para regar sus campos en las comarcas de Alicante- se debería tener en cuenta el criterio de todas las partes implicadas, tanto instituciones como usuarios, y habría que llegar a un solución de consenso y de equilibrio entre la garantía para el mantenimiento del nivel de los embalses de cabecera del Tajo como de los intereses de los regantes de la cuenca del Segura.
Para la organización agraria dejar la decisión de rebajar el límite de 38 hm3 a 27 hm3 en manos de un órgano tan poco imparcial como el Consejo Nacional del Agua es una auténtica barbaridad y es una “jugada muy sucia del Ministerio que dirige Teresa Ribera que compromete seriamente el futuro de la agricultura alicantina y no lo podemos tolerar como organización agraria que defiende los intereses de los agricultores, de los regantes de nuestro territorio”.
En este sentido, llama la atención que en dicho órgano no esté presente la organización estatal en la que se integra LA UNIÓ, la Unión de Uniones (pese a ser la segunda más votada en todos los comicios electorales agrarios celebrados hasta la fecha en España), y que las otras organizaciones agrarias, pese a lo que digan, no se mojen. ASAJA ni siquiera se dignó a votar y la UPA se abstuvo en la decisiva votación que recortó el trasvase.
La organización ve irrenunciable mantener el actual reglamento que establece en 38 hm3 la cantidad de agua mensual a trasvasar y reclama a la Generalitat firmeza hasta el final en el rechazo ante estas decisiones adoptadas sin el necesario consenso.
Todos estos cambios e indefiniciones gubernamentales en relación con el agua crean una incertidumbre muy grande entre los agricultores, “porque no sabemos al final lo que plantar, no animan a la gente joven que se quiere incorporar al sector y ponen en peligro buena parte de la huerta que suministra a Europa”, indica Carles Peris, secretario general de LA UNIÓ.
