El 14 de enero de 2025 la «Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio ACOM» interpuso una demanda judicial contra el «Pronunciamiento del Consejo de Gobierno de la Universitat de València, de 28 de mayo de 2024, sobre el compromiso de la Universitat con Palestina», en concreto el Acuerdo ACGUV 129/2024.
Después del proceso judicial, el pasado 15 de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de València, en sentencia 191/2025, falló en contra de la Universitat de València, anulando la resolución recurrida.
Sentencia condenatoria a la Universitat de València
El juzgado reconoce, además, el derecho de la parte que ha demandado a la UV a que la Universitat difunda la anulación acordada de esta sentencia de la misma forma y amplitud en que difusión el acuerdo impugnado.
El juez considera que el acuerdo de no suscribir convenios con universidades israelíes introduce «una desigualdad de trato que carece de justificación y amparo alguna, pues se adopta en el marco de una actuación de evidente matiz político que incide en uno de los supuestos tradicionales de discriminación (la nacionalidad), especialmente vetado por la doctrina constitucional, por su capacidad para provocar situaciones desventajosas contrarias a la dignidad personal, entrando incluso en contradicción con las funciones, principios y fines definidos en sus Estatutos», en referencia a los Estatutos de la Universitat de València.
La rectora de la UV, Mavi Mestre, informó el pasado martes 7 de octubre al Consejo de Gobierno de esta sentencia dictada en primera instancia, así como de las instrucciones que trasladó a los Servicios Jurídicos de la UV y a la Secretaria General, María Elena Olmos como coordinadora de los mismos, para interponer un recurso a esta decisión judicial.
Recurso
El recurso se presentó el pasado viernes 3 de octubre, tal u como informó la rectora, «de forma que no entra en vigor la resolución del juez, de momento».
La rectora señaló que en este momento «es más evidente que nunca que el genocidio que vive el pueblo palestino es de tal magnitud que la opinión pública mundial pide la acción de la comunidad internacional».
El recurso presentado por la Universitat de València insiste en que la UV no introduce medidas de discriminación por razón de nacionalidad, sino al hecho de que las universidades israelíes se integran en una estructura estatal que está desarrollando actuaciones abiertamente proscritas por el Derecho Internacional.
De la misma forma señala que «las medidas excepcionales adoptadas, siempre en el marco de una llamada por la paz y el diálogo (…) tienen su base en la vinculación con el Estado de Israel».
Para la UV, este acuerdo se ha adoptado en el marco de su autonomía universitaria, recogida en el artículo cuarto de los Estatutos de la Universitat, según los cuales ésta «está al servicio del desarrollo intelectual y material de los pueblos, del progreso del conocimiento, de la paz, de la igualdad entre las mujeres y los hombres y de la defensa ecológica del medio ambiente».
Así, la UV mantienen que este acuerdo no es una extralimitación competencial, sino que se apoya en la doctrina constitucional que reconoce a las universidades una autonomía reforzada, diferente de las otras Administraciones Públicas, basada en la libertad académica.
Además, para la UV, el acuerdo anulado por la sentencia judicial no se puede entender fuera del contextual, eso es «la situación excepcional vivida en Gaza, con una población civil en situación de emergencia y un territorio profundamente afectado por las operaciones militares del ejército israelí».
En el recurso, la UV remarca que este pronunciamiento «no es modo alguno aislado» sino que se encuentra «alineado con informes, resoluciones y acciones internacionales» como la ONU, la Corte Penal Internacional o la Corte Internacional de Justicia.
Por su parte, la rectora, en su intervención en el Consejo de Gobierno, informó que la situación del gobierno de Israel «es una vulneración de los Derechos Humanos de tal magnitud, que hemos de actuar con las sanciones que se encuentran en nuestras manos. Como lo hicimos con Rusia. Con las universidades rusas sí teníamos convenios de colaboración vigentes, sí teníamos acuerdos de programas de doble titulación, que rompimos, aplicando sanciones, como las que aplicó la comunidad internacional».
«Defendimos ante la Justicia nuestra capacidad para asumir los acuerdos con consideramos adecuados, y para establecer las medidas que se encuentran en nuestras manos, en aplicación del principio constitucional de Autonomía Universitaria. Autonomía por la que luchamos en tiempos del franquismo, y que obtuvo el sistema universitario público en la Constitución», remarcó la rectora en su informe al Consejo de Gobierno.
