El Ministerio de Hacienda ha comunicado este martes a la Generalitat y a los municipios afectados por la DANA del 29 de octubre el procedimiento para acceder al anticipo de 100 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE). Este adelanto fue aprobado en abril por la Comisión Europea como parte de la ayuda solicitada por el Estado español para hacer frente a los daños causados por el temporal.
Según ha detallado el Ejecutivo central, el anticipo permitirá cubrir parte de los gastos elegibles relacionados con actuaciones de emergencia, rehabilitación y reconstrucción. La Generalitat Valenciana recibirá 30,8 millones de euros, mientras que los ayuntamientos percibirán 23,5 millones, siempre que hayan consignado gasto justificable y lo confirmen en un plazo de diez días hábiles.
Los fondos se reparten en función del peso del gasto declarado por cada administración sobre el total solicitado por España, que ascendía a 4.403 millones de euros. De esa cantidad, 1.357 millones fueron atribuidos a la Generalitat Valenciana, y 1.035 millones a los ayuntamientos, mientras que más de 2.000 millones correspondieron a la Administración General del Estado.
En el caso de que algún consistorio renuncie al anticipo, los fondos se reasignarán automáticamente a la Generalitat para afrontar los gastos derivados del desastre. No obstante, desde el Gobierno se aclara que renunciar al adelanto no implica perder el derecho a recibir financiación en la asignación final del fondo europeo.
Además del anticipo europeo, el Ministerio ha recordado que los ayuntamientos ya han recibido 1.745 millones de euros en transferencias estatales para sufragar gastos urgentes, y que la Administración Central ha destinado hasta ahora más de 7.400 millones de euros a mitigar los efectos de la DANA, lo que representa más del 90% del gasto público ejecutado para responder a esta catástrofe.
Para acceder a los fondos del FSUE, las entidades deben cumplir con estrictos mecanismos de gestión, control y justificación, así como con las normativas europeas sobre contratación y la prohibición de doble financiación con otros instrumentos de la UE.
