Este pasado martes, una numerosa representación de los agentes medioambientales de la Generalitat se manifestaron frente a la sede de la Conselleria de Agricultura y Medioambiente, en el Complejo Administrativo 9 d’Octubre, para protestar por la precariedad de medios y recursos con la que se ven obligados a desarrollar su trabajo. Una precariedad que, habida cuenta de las reiteradas quejas que vienen trasladando estos abnegados profesionales desde hace años sin obtener resultados y, a veces, ni siquiera respuesta, les hace pensar en despreocupación y consecuentemente desidia por parte de la Administración Valenciana por la conservación efectiva del medio ambiente valenciano.
Este colectivo lleva tiempo haciendo públicas las múltiples carencias que dificultan enormemente que su trabajo sea realmente efectivo. Se da la circunstancia de que en un gran porcentaje los agentes añaden a su profesionalidad una vocación innegable de protección y defensa de la Naturaleza, lo que les lleva en demasiadas ocasiones a poner sus recursos personales al servicio del desarrollo de su labor, ante la imposibilidad de hacerlo con los medios que la Generalitat pone a su alcance.
En este sentido, uno de los casos más sangrantes y de los que más se quejan es el estado de los vehículos con que recorren los montes y campos del territorio. Muchos de ellos tienen 25 años y más de 250.000 kilómetros acumulados. Pese a ello, los agentes medioambientales se quejan amargamente de que no logran que la Conselleria les proporcione vehículos adecuados a su función. Los vehículos, además de antiguos, son tremendamente contaminantes, algo que contradice sobremanera el discurso imperante en la Generalitat en materia de sostenibilidad.
Las últimas novedades al respecto de este tema es que el anuncio hecho desde el departamento dirigido por la consellera Mireia Mollà sobre la adquisición de un número determinado de nuevos vehículos, se ha visto retrasado presuntamente por la falta de algunos de sus componentes electrónicos. Sin embargo, no hace demasiado la Junta de Andalucía presentaba la llegada de estos mismos modelos precisamente para sus agentes medioambientales, lo que ponía en cuestión esta versión de los hechos y contribuía a la sensación de hartazgo que ya pesaba en el ánimo de los profesionales de la Comunitat Valenciana.
Pero sin duda una de las principales reivindicaciones de los agentes medioambientales es la carencia de una organización que estructure y organice las funciones y labores de los agentes medioambientales, falta de protocolos de trabajo, cursos de formación, etc. Para solucionar estos problemas se pide la creación de una ley de cuerpo que regule todos estos temas, así como también se pide que se apoye la aprobación la ley básica nacional de Agentes Forestales y Medioambientales.
Problemas como la electrocución de aves en tendidos eléctricos, del que se ha ocupado ampliamente este periódico desde hace algunos años, por poner un ejemplo, se perpetúan sin solución precisamente por cierta suerte de limbo en el que se pierden expedientes, informes y solicitudes. De hecho, en esta cuestión en particular, han sido las asociaciones ecologistas y agentes medioambientales -en su tiempo libre y con sus propios recursos- las que han obtenido el respaldo del Tribunal Supremo, con una sentencia histórica que refuerza el control, vigilancia y sanciones en este tema en particular. Pero si la administración correspondiente no ejecuta lo establecido en la legislación con la celeridad y coordinación adecuadas, el trabajo de los agentes medioambientales queda en saco roto, una sensación de la que se quejan y mucho estos profesionales.
En definitiva, las principales demandas y denuncias las han recogido en un manifiesto firmado por todos los sindicatos que también ha apoyado la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de la Comunitat Valenciana.
