El alcalde y concejales han visitado hoy este centro “donde se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito”
El Ayuntamiento mantendrá el control, especialmente sanitario y en relación al respeto a los derechos humanos, del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Valencia, en la calle Zapadores. Así lo ha manifestado hoy el alcalde Joan Ribó al salir de un visita demandada por los responsables de la Administración local “para controlar las condiciones en las que viven las personas migrantes que, a pesar de que no han cometido ningún delito, se encuentran privadas de libertad en este centro de carácter penitenciario que depende del Ministerio de Interior y tiene capacidad para un centenar de personas”.
Joan Ribó ha recordado la situación del CIE, donde se internan hasta 60 días personas migrantes que no tienen papeles, y ha explicado que entre las competencias que tiene el Ayuntamiento en el de Zapadores, uno de los siete centros que hay en el Estado español, se encuentra la de garantizar las condiciones sanitarias y, si hace falta, “se harán inspecciones periódicas”. El consistorio también tiene la responsabilidad de velar por el cumplimiento de la disciplina urbanística, tanto de licencias como de edificación.
El alcalde ha realizado la visita, que se ha prolongado durante una hora, acompañado del concejal de Cooperación al Desarrollo y Migración, Berto Jaramillo, la concejala de Igualdad, Políticas Inclusivas e Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, la concejala de Sanidad, Salud y Deportes, Maite Girau, y responsables de la campaña por el cierre de los CIE “CIE NO”, que integra a más de 30 organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Como responsable de Cooperación al Desarrollo y Migración, Berto Jaramillo ha reiterado “que no hay ningún motivo para que las personas migrantes estén en un centro de estas características hasta dos meses”, y ha explicado que “se encuentran, prácticamente, como en una prisión, y más allá de la privación de libertad sufren una vulneración de sus derechos más básicos, en algunos casos por desconocimiento del idioma y por la falta de intérpretes en el centro, por lo que no pueden conocer sus derechos”.
La concejala de Políticas Inclusivas e Inserción Sociolaboral, Isabel Lozano, ha explicado que los responsables municipales se han interesado durante la visita por garantizar los derechos de las personas internadas que precisan de asilo político o que han sido víctimas de trata, y para ayudar en términos de género o de orientación sexual. “También nos hemos preocupado por el espacio que hay para las mujeres, que actualmente son 3, y por el trabajo de atención social que realiza desde hace un mes Cruz Roja”.
Por su parte, la concejala de Sanidad y Salud, Maite Girau, que ha lamentado las políticas migratorias del Estado, ha asegurado que aunque durante la visita no se ha encontrado objeciones en las condiciones de salubridad de las personas migrantes internadas (actualmente unas 100), ha destacado “que se podría mejorar, por ejemplo, el espacio reservado para las relaciones familiares”.
