LA UNIÓ de Llauradors señala, con los datos recabados en el conjunto de zonas productoras de la Comunitat Valenciana, que se prevé un aumento generalizado del 25% de producción de cereales en relación a la anterior, en gran parte porque la climatología ha respetado la cosecha, pues el pasado año fue muy irregular por la sequía y las tormentas de algunas zonas. Se esperan así unas 54.000 toneladas, que la situarán en parecidas cifras a la campaña de 2018.
Preocupan, no obstante, las cotizaciones que se desploman semana a semana sin justificación porque además en otros países productores se espera una reducción productiva. En este sentido la organización alerta de que los intermediarios ya estarían presionando a los agricultores para formalizar contratos de venta de trigo y de cebada por debajo de sus costes producción, lo que supondría un incumplimiento de la Ley de Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria.
Insiste LA UNIÓ en que los cerealistas no pueden asumir más bajadas de precios y piden soluciones al Gobierno para no verse obligados a vender por debajo de coste. Con las modificaciones aprobadas por el Gobierno en la Ley de la Cadena Alimentaria, estos precios deberían estar en todo caso por encima de los costes de producción. Pone en evidencia las presiones que cerealistas de trigo y cebada estarían sufriendo ya para formalizar contratos de venta de 170€/t. y 150 €/t. respectivamente para los próximos meses, cuando en Navidad se pagaban a 200 €/t. y 180 €/t., lo que LA UNIÓ considera intolerable y dañino para los productores.
Declaraciones de José Ramón Beltrán, responsable sector cereales LA UNIÓ
Precios estancados desde hace 20 años
La organización recuerda los serios problemas de rentabilidad que lleva atravesando el sector cerealista durante los últimos años, en especial ligados a los precios percibidos por los productores, que se mantienen con valores constantes desde hace más de 20 años. Por ejemplo, el trigo en 1998 se pagaba a 27,5 pesetas, mientras que en 2020 se paga a 33,5 pesetas y, sin embargo, la barra de pan que entonces costaba 45 o 50 pesetas, hoy lo hace entre 120 y 150 pesetas de media. Lo mismo ocurre con la cebada (21,9 ptas. en 1998 y 26,3 ptas. en 2020) y el maíz (24,3 ptas. en 1998 y 29,7 ptas. en 2020), con subidas mínimas e incomparables a los incrementos de los costes de producción. «Ningún sector económico sigue vendiendo a precios de hace 20 años, salvo en el agrario, como está pasando con los cereales» lamentan desde LA UNIÓ.
A esta crisis continua de precios, favorecida por la especulación de las grandes corporaciones en los mercados internacionales, habría que añadirle los continuos recortes que se vienen sucediendo en la PAC en las últimas reformas y la nueva propuesta de la Comisión de recortar un 13% su presupuesto para el periodo 2021-2027, lo que puede hacer que muchas explotaciones cierren sus puertas por falta de rentabilidad y España tenga que incrementar las importaciones de cereales, con el consecuente impacto en el precios de los alimentos y en el medio ambiente. La organización recuerda la elevada dependencia que tienen las explotaciones cerealistas de las ayudas PAC, que representan el 52,3% de su valor añadido neto, muy por encima de la media del 25,4% del resto de producciones.
LA UNIÓ denuncia que, si no se hace nada, una campaña que se preveía buena para los productores puede acabar siendo ruinosa y solicita apoyo al sector por parte del Gobierno para solventar esta crisis estructural de precios, ya que considera que el sector «necesita ir más allá del horizonte de la campaña y planificar su futuro». En el corto plazo, la organización propone que se destinen recursos a medidas para aumentar la demanda nacional o instrumentos para ajustar la oferta.
Como medidas estructurales, la organización solicita al Gobierno que defienda con «uñas y dientes» el mantenimiento del presupuesto para la futura PAC frente las instituciones europeas, para evitar que sectores con rentabilidades tan vulnerables como el cerealista se vean afectados.
También la organización reclama al Ejecutivo que valore la función clave de las explotaciones cerealistas de secano en el mantenimiento de la biodiversidad y destine recursos suficientes para apoyar dicho papel, así como que impulse la política de biocombustibles en favor de las medidas para atenuar el cambio climático, lo que podría contribuir a mejorar la rentabilidad del sector estatal. «No somos productores de una commodity, de una mercancía más, sino de un alimento básico tanto para el consumo humano como para la alimentación animal, con un papel fundamental en los territorios», concluye la organización.
Incidencia de la fauna salvaje
Otro aspecto que preocupa y que podría tener consecuencias en la producción final son los daños causados por la fauna salvaje, sobre todo jabalíes, conejos y corzos. Por ejemplo, según las peritaciones llevadas a cabo por Agroseguro en algunas zonas los daños de esos animales llegaban en algunas parcelas hasta el 90%.
Datos sector
Según los últimos datos disponibles de 2018, en la Comunitat Valenciana hay aproximadamente 19.010 hectáreas cultivadas de cereales (sin contar el arroz), de las que el 57% se ubican en la provincia de Valencia, el 22% en la de Alicante y el 21% en la de Castelló. El suelo cultivado de cereales en nuestro territorio representa aproximadamente el 3% del total de suelo agrícola, aunque representa sólo el 0,32% de la renta generada por la Producción Vegetal Valenciana o el 0,25% de la Renta final agraria.
Las comarcas con mayor superficie cultivada son Utiel-Requena, Valle de Ayora y Los Serranos. No obstante, la importancia del cultivo de cereal respecto a los totales del suelo cultivado es distinta según comarca. Así, por ejemplo, en Els Ports es el principal cultivo y ocupa el 54% del total cultivado de la comarca. En el Valle de Ayora supone el 22% del suelo cultivado, en el Alt Millars representa el 14%, en l’Alcoià el 12% y en el Rincón de Ademuz el 11%.
