La causa abierta contra el ex president de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros altos cargos involucrados en la organización de la visita del Papa a València en el año 2006, ha sido hoy sobreseída de forma provisional por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la capital del Túria.
En su auto, el juez considera que todas las aportaciones del Consell a la Fundación V Encuentro de las Familias «se adoptaron con los informes favorables de la Intervención y de la Abogacía de la Generalitat, y fueron fiscalizados por la Sindicatura de Cuentas con la debida publicidad y sin que se hubiera observado irregularidad alguna».
El auto señala también que de las diligencias practicadas no se desprende «elemento alguno que permita sostener que en los acuerdos adoptados por el Consell en los años 2005, 2009, 2010 y 2014 no se hubieran respetado las formas, o que los mismos se hubieran adoptado de forma arbitraria» o «al margen de la normativa reguladora».
La causa se abrió en 2016 como pieza separada del caso Gürtel remitida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, quien se inhibió en favor de los juzgados de Valencia en relación con una pieza que ampliaba la investigación sobre las contrataciones de la Fundación desde su constitución, en enero de 2005, hasta su extinción en marzo de 2014.
En ella se investigan si las adjudicaciones de la Fundación que organizó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 se hicieron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En esta causa figuraban como investigados el propio Francisco Camps, así como el ya fallecido expresidente de Les Corts Valencianes y ex director general de la Policía, Juan Cotino, la que fuera secretaria general de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Henar Molinero, el obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero y el secretario personal del cardenal Agustín García-Gasco, Antonio Corbí.
También estaban encausados el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el ex director general del Instituto Valenciano de Finanzas y exmiembro del patronato de la citada fundación, Enrique Pérez Boada, y el representante legal de la Fundación, Francisco Javier Jiménez.
El fiscal sostenía que la citada Fundación debió haber respetado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia en sus contrataciones.
Pero el juez ha señalado en el auto de este viernes que la naturaleza de la fundación, de acuerdo a su escritura, es privada y que el hecho de que las tres cuartas partes de al dotación fundacional provinieran de organismos públicos «no convertía esta Fundación en pública» y, por lo tanto, no sujeta a tales obligaciones.
