Jaume Hurtado, secretario general de Som Valencians, ha mostrado su estupefacción, tras conocer que el Puerto de Valencia será la institución encargada de invertir 50 millones de euros en la línea férrea Valencia-Zaragoza, una vía que no está electrificada y que tiene estándares similares a los de Senegal. Esta línea es clave para romper la radialidad de las infraestructuras en España, conectar el Mediterráneo y el Cantábrico, así cómo salir a la Europa Atlántica. “Las mejoras en la línea Valencia-Zaragoza son fundamentales para nuestras empresas, ya que supondría un aumento notable en el grado de adecuación de nuestro transporte. El Gobierno Central, que sabe de su vital importancia para el conjunto del Estado, la tiene abandonada, siendo ésta una vía que no está electrificada y que tiene estándares similares a los del siglo pasado”, ha explicado el dirigente valencianista.
“Resulta llamativo que, además de tener que pagar de nuestro bolsillo las mejoras en estas infraestructuras, las cuales son estatales y que deberían arreglarse con inversión directa del Ministerio de Fomento; sea esta institución la que nos autorice para poder hacer lo que el Gobierno Central debería hacer y no hace. Pero bueno, no debemos tampoco sorprendernos en exceso que esto venga de Fomento, una institución que prioriza que un pueblo de 30 habitantes tenga parada de AVE a invertir en estas infraestruturas”, ha expuesto Hurtado.
El dirigente valencianista ha concluido exponiendo una idea, que ya defendió en el día de ayer, cuando lamentó y denunció públicamente la decisión del Tribunal Constitucional de derogar la Ley de Custodia Compartida valenciana: “Valencia tiene un Estatuto de Autonomía que Madrid parece tratar como un documento de segunda, siendo un documento con el mismo rango que la Constitución de 1978. Suponemos el 10,5% del PIB español y tenemos una de las mayores empresas del país, que aporta el 1,8% del PIB estatal. Pero, claro, lo que nos llega es una ínfima inversión, que se suma a un sistema de infrafinanciación injusto, discriminatorio y maltratador con todos los valencianos. Nuestros representantes no son capaces de imponer nuestra condición de iguales a las demás autonomías y no tenemos peso político, ni influencia en las decisiones del Estado”.
