La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) ha expresado su decepción ante el borrador del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana del Plan de Impulso a la Sostenibilidad del Transporte de Mercancías por Carretera.
El Plan contempla, entre otras propuestas, la aplicación del pago por el uso de la autovía -que, según estima el Ejecutivo, podría aprobarse en el Consejo de Ministros el próximo mes de junio- y la incorporación del camión de 44 toneladas y 4,5 metros de altura.
“Nos sentimos ninguneados e incluso penalizados con estas medidas que se están anunciado, cuando somos un sector clave en la economía, el eslabón imprescindible en la cadena. Actualmente, en España, con la infraestructura que disponemos, el transporte de mercancía terrestre pasa por el camión”, añade Carlos Prades, presidente de FVET.
Según el Ministerio, el Plan de Impulso pretende fomentar la sostenibilidad del sector recogiendo una serie medidas en el ámbito sociolaboral, económico y medioambiental que tratan de responder a problemáticas latentes de los transportistas.
“La regulación de la carga y descarga, el endurecimiento de la legislación para sancionar la morosidad, el impulso a la digitalización o las ayudas para la renovación de la flota son algunas de las actuaciones defendidas por el Comité Nacional del Transporte de Mercancías por Carretera (CNTM) para que sean incorporadas en el Plan y que cuentan con el apoyo del sector. Lo que no se entiende es desarrollar líneas de actuación sin nuestro consenso que suponen la pérdida de competitividad de las empresas del sector, como el pago por uso de las infraestructuras viarias al cargador contribuyente o la incorporación de camión de 44t”, explica el presidente.
Medidas sin el consenso del sector
Con respecto al pago por uso de las autovías, el Plan de Impulso contempla imputar al cargador el uso de las vías por parte de los transportistas, un coste que, desde la Federación, estiman que acabará asumiendo el transportista. Desde FVET defienden que el transporte de mercancías por carretera ya contribuye suficientemente vía impuestos a atender las necesidades de mantenimiento e inversión en infraestructuras viarias. Solo a través de la imposición específica sobre el combustible, los transportistas aportan más de 15 mil millones de euros todos los años a las arcas públicas.
En el caso de la incorporación del camión de 44 toneladas y de 4,5 metros de altura, los transportistas cuestionan los beneficios que tendría para la sostenibilidad del sector y el aumento de la competitividad. “Pensamos que la modernización y la renovación de la flota son medidas más estratégicas para el sector, que contribuyen a la descarbonización y la reducción de emisiones. Los transportistas estamos haciendo esfuerzos en esta dirección: tal y como recoge el Ministerio de Transportes, en 2019 las nuevas matriculaciones de camiones y furgonetas no dependientes de la gasolina o el gasoil han crecido un 67% con respecto al año anterior”, añade el presidente de FVET.
La implantación de esta clase de vehículos en los países europeos que la tienen en vigor no ha supuesto mejora económica para el transportista. Estas dimensiones tienen implicaciones en materia de seguridad vial, coste de infraestructuras e, incluso, sobre las propias estructuras de la empresa de transporte, con previsibles pérdidas de puestos de trabajo en un contexto de crisis provocado por la COVID-19.
Arranca la negociación con el Ministerio
Para abordar estas y otras propuestas del Plan, el CNTM, en el que se encuentra FVET, comenzará las reuniones con el Ministerio de Transporte el próximo jueves. “Desde FVET defenderemos siempre al transportista y los intereses del sector. Estamos a la espera de nuevos movimientos del Ministerio en este sentido y dispuestos a sentarnos en la mesa de negociaciones siempre que no suponga poner en jaque la sostenibilidad de las empresas transportistas”, concluye Prades.
