La polémica por los proyectos fotovoltaicos en Turís crece tras las advertencias de la Plataforma per la Defensa del Territori El Castellet, que sostiene que no se trata de una única instalación aislada, sino de un conjunto de actuaciones que afectan a diferentes zonas del término municipal.
Las áreas señaladas incluyen El Pla, Calabarra, Campillo y Caseta Jaime, terrenos considerados de alta capacidad agrícola donde se cultivan viñedos, cítricos y caqui. Estas explotaciones están vinculadas a figuras de calidad agroalimentaria y, en algunos casos, a cultivos sujetos a royalties, lo que incrementa la preocupación por su viabilidad futura.
La plataforma pone el foco en la posible fragmentación del proyecto en varias iniciativas, una estrategia que, según advierten, podría reducir las exigencias de evaluación ambiental. Todos los desarrollos estarían relacionados con la misma promotora, Torrent Energy, lo que refuerza la idea de una actuación conjunta.
Uno de los puntos más sensibles se sitúa en el entorno de la Pirotecnia Turís, dentro del ámbito de Torrent Energy 4, donde el proyecto rodearía completamente estas instalaciones. En esa zona, las parcelas cuentan con protección agrícola que limita otros usos, lo que genera dudas sobre la coherencia en la aplicación de los criterios de protección del suelo.
El impacto no se limitaría al ámbito agrario. Urbanizaciones cercanas podrían verse afectadas por la proximidad de las plantas, con posibles consecuencias como la depreciación de viviendas o molestias derivadas de las obras, entre ellas el aumento del tráfico pesado y el deterioro de caminos rurales.
También preocupa la afección a caminos públicos incluidos en uno de los proyectos, cuya conservación corresponde al Ayuntamiento. La situación ha reavivado el debate sobre la necesidad de proteger estos bienes comunes y reforzar la normativa urbanística municipal para evitar escenarios similares en el futuro.
En paralelo, el conflicto ha puesto sobre la mesa el papel del consistorio en el apoyo al sector agrario. Cooperativa La Turisana y Bodega La Baronia trasladan que no recibieron ayudas económicas ni bonificaciones fiscales comprometidas en el pasado para afrontar procesos de defensa legal relacionados con otros proyectos.
En los últimos años, la respuesta ha partido principalmente de la propia plataforma, que ha impulsado acciones legales conjuntas para hacer frente a iniciativas como Valentia Edetanotum, sumando a entidades y vecinos afectados para asumir los costes jurídicos.
El debate en Turís trasciende así el ámbito energético y agrícola, y se sitúa también en la gestión del territorio, la transparencia y la participación vecinal. Desde la plataforma reclaman mayor claridad en la información y una implicación activa en la defensa del interés general ante proyectos de este alcance.
