El Ayuntamiento de Villena ha alzado la voz para defender la integridad de su territorio y la sostenibilidad de sus infraestructuras frente a lo que consideran una imposición externa inasumible. El alcalde de la localidad, Fulgencio Cerdán, ha anunciado una oposición frontal a la propuesta de convenio del Consorcio CREA, que pretende desviar miles de toneladas de residuos procedentes de la Vega Baja hacia la planta de tratamiento villenense. Con un incremento previsto del 65% en el volumen de basura recibida, el consistorio ha calificado la medida de auténtico despropósito, advirtiendo que no permitirá que la ciudad se convierta en la solución sistemática a la falta de previsión y compromiso político de otras comarcas de la provincia.
La llegada de este flujo masivo de residuos, estimado en cerca de 46.800 toneladas anuales, supondría un impacto directo en el día a día del municipio y en el futuro de sus instalaciones. Según ha denunciado el primer edil, la entrada de tal cantidad de desechos externos reduciría drásticamente la vida útil de una planta de tratamiento que ha sido renovada recientemente, además de saturar el término municipal con un tránsito incesante de camiones de basura. Cerdán ha sido tajante al señalar que la responsabilidad de gestionar los residuos de la Vega Baja recae en sus propios alcaldes y en el Consell, instando a estos organismos a generar sus propias plantas en lugar de exportar su problema logístico y ambiental a Villena.
El rechazo institucional no solo se basa en una cuestión de saturación, sino también en las profundas dudas legales y técnicas que genera el texto del convenio. El alcalde ha puesto el foco en la naturaleza confusa de un documento plagado de contradicciones que parece incumplir la ley vigente al establecer un acuerdo a ocho años vista, cuando la norma limita este tipo de situaciones excepcionales a un máximo de tres. A estas irregularidades se suma una preocupante indefinición sobre el tipo de residuos que se recibirían, dejando en manos de una empresa privada la capacidad de decidir qué materiales entran en la planta, lo que para el gobierno municipal representa una pérdida de control inaceptable sobre su propio entorno.
Ante la inminente votación del acuerdo el próximo 28 de abril, Villena ha activado todos sus mecanismos de defensa. Se ha convocado un pleno extraordinario para que todas las fuerzas políticas locales sellen un frente común de rechazo antes de que el Consorcio CREA tome una decisión definitiva. El mensaje enviado por el alcalde es claro: aunque la ciudad ha demostrado históricamente su carácter solidario, no está dispuesta a pagar el precio de la falta de soluciones en otros territorios. En este sentido, el Ayuntamiento ya prepara el camino hacia los tribunales para paralizar cualquier acuerdo que pretenda convertir a Villena en el receptor forzoso de la basura ajena, garantizando que se llegará hasta las últimas instancias judiciales para proteger el patrimonio y la salud de sus vecinos.
