Las reuniones de los grupos de coordinación territoriales tras el acuerdo con los sindicatos ponen fin a la etapa previa de la implantación del servicio común | El SCG aunará los servicios que actualmente ofrece el Decanato y el Servicio Común de Notificaciones y Embargos
El proceso para la creación del Servicio Común General, base de la nueva oficina judicial, ha arrancado tras la reunión del grupo de coordinación de Alicante, de similar contenido a las que la pasada semana se celebraron en Castellón y Valencia. Se inicia así la fase intermedia del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial (NOJ) en la Comunitat Valenciana, posible gracias al acuerdo suscrito entre la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas y cuatro de los cinco sindicatos con representación en la Mesa Sectorial de Justicia el pasado jueves 5 de mayo.
En estos encuentros de los grupos territoriales de coordinación, los representantes de la conselleria, encabezados por el secretario autonómico Ferran Puchades, han explicado el acuerdo firmado con las centrales sindicales y han ofrecido información detallada sobre las fases y los modelos que seguirá la NOJ. Asimismo, estas reuniones han servido para conocer las inquietudes y dudas que despierta este importante cambio organizativo, logístico y tecnológico en el sector.
El Servicio Común General
La implantación de la NOJ pretende optimizar y racionalizar los recursos humanos y materiales disponibles con el fin último de ofrecer un servicio más eficaz, rápido y personalizado a los ciudadanos y ciudadanas. Para ello, el primer paso será la creación de un total de 35 Servicios Comunes Generales (SCG) distribuidos en los distintos partidos judiciales. Dicho organismo aunará el trabajo que actualmente se realiza en los Decanatos y en los Servicios Comunes de Notificaciones y Embargos.
Entre otras funciones, cada SCG se encargará de la recepción, registro y reparto de asuntos; la recepción de escritos a trámite; los actos de comunicación y de ejecución; la atención informativa al ciudadano y a los profesionales; la recepción de correo y su distribución a los Órganos Judiciales; el archivo de Gestión; la gestión de Salas Vistas, de Reconocimiento en rueda y de Videoconferencia; y la gestión de cuentas de Depósitos y Consignaciones Judiciales de su partido judicial, entre otros.
De esta forma, los servicios generales que hasta ahora se prestan de forma independiente en cada juzgado se realizarán de forma transversal para todos los juzgados de un mismo partido judicial. Este primer paso ya supondrá un avance en el objetivo de conseguir unificar el tiempo de gestión de un determinado proceso judicial con independencia del juzgado que conozca de la causa.
Próximas actuaciones
La próxima semana, la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas finalizará las negociaciones con los sindicatos para definir las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT) de la primera fase del proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial.
Esta fase de lanzamiento del Servicio Común General servirá también para acabar de definir las actuaciones correspondientes a la adecuación de los espacios, la formación del personal y el despliegue tecnológico, entre otros aspectos relevantes.
El resultado de todo ello, y tras una etapa de transición, será la fase operativa de los 35 Servicios Comunes Generales (SCG) de los distintos partidos judiciales de la Comunitat que se distribuirán de la siguiente manera: 4 en Castellón (Castelló, Nules, Vila-real, Vinaròs), 18 en Valencia (Alzira, Carlet, Catarroja, Gandia, Llíria, Massamagrell, Mislata, Moncada, Ontinyent, Paterna, Picassent, Quart de Poblet, Requena, Sagunt, Sueca, Torrent, València y Xàtiva) y 13 en Alicante (Alcoi, Alicante, Benidorm, Dènia, Elda, Elx, Ibi, Novelda, Orihuela, Torrevieja, Sant Vicent del Raspeig, Vila Joiosa y Villena).
En conjunto, el proceso de implantación de la Nueva Oficina Judicial impulsado por la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas pretende crear y poner en funcionamiento una estructura organizativa de los Juzgados eficaz, racionalizada e informatizada. En definitiva, la Nueva Oficina Judicial pretende dejar atrás un modelo ya agotado e instaurar un servicio adaptado al siglo XXI.
