Las asociaciones ambientales sin ánimo de lucro ADENSVA, Acció Ecologista-Agró, GER-EA, ASHA y SAO siguen firmes en la lucha contra las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos de la Comunitat Valenciana y esta semana han dado un paso que puede resultar decisivo. La admisión en Cataluña de la primera querella planteada por una fiscalía provincial contra una energética por la electrocución de aves en sus tendidos eléctricos como delito contra la fauna y los recursos naturales, genera una coyuntura idónea para reproducir en la Comunitat un marco jurídico que de una vez por todas acabe con una realidad que cercena la población de aves, especialmente las rapaces, a lo largo y ancho de todo el territorio, con la connivencia de las administraciones públicas.
Para entender en toda su dimensión el panorama y la oportunidad que se abre en estos momentos hay que remontarse a 2020, cuando la asociación Adensva cursó denuncia ante la Fiscalía de Medioambiente de Barcelona por los cientos de aves electrocutadas en los últimos años. La Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) fue la primera en denunciar un caso de electrocuciones masivas de cigüeñas, pero Adensva sumó otra denuncia más que incluía cientos de aves rapaces durante estos años. La Fiscalía ha terminado por formular una querella histórica, la primera en el ámbito europeo, como consecuencia de la reforma del Código Penal en 2015 a raíz de la aprobación de la Directiva Penal Europea 2008/99/CE en materia de Medioambiente.
Ahora las entidades conservacionistas valencianas, liderando el movimiento de lucha contra las electrocuciones de aves rapaces en Europa, han pedido a las compañías eléctricas que pongan los medios económicos y organizativos necesarios para acabar cuanto antes con la pérdida constante de biodiversidad por las electrocuciones de aves en los tendidos eléctricos.
Dónde está la novedad de este nuevo escrito
Lo que cambia esta vez respecto a anteriores escritos remitidos por estas mismas asociaciones a las compañías eléctricas (por ejemplo, el remitido en mayo de 2020, como ya publicó este diario) estriba precisamente en la concurrencia del proceso legal actualmente abierto en Barcelona, entendiéndose que ahora, desde las propias compañías pueden verse forzadas a evitar la comisión de delitos medioambientales, y las empresas consultoras y de Compliance Penal, a las que se pone en conocimiento del escrito, deberán estar vigilantes para que las eléctricas inviertan cantidades exorbitantes para evitar las electrocuciones de aves si no quieren perder sus certificaciones ISO de Aenor.
De no hacerlo así, las propias compañías y su personal directivo podrían ser imputados y condenados por un delito medioambiental en cualquier provincia española donde se producen electrocuciones masivas y continuadas cada año. En última instancia, las posibles repercusiones en sus cotizaciones en bolsa podrían ser nefastas, tanto si son finalmente condenadas como si sólo se ven obligadas a invertir miles de millones de euros en cumplimiento del principio ambiental europeo “quien contamina paga”. En definitiva y aunque resulte paradójico, esta nueva coyuntura lo que aporta es precisamente que los intereses económicos que de forma recurrente suele atropellar a los ecológicos, pueden acabar siendo los que aboquen a un cambio de comportamiento que favorezca a estos últimos.
Las cifras avalan la denuncia de Adensva
Uno de los casos más graves que la asociación Adensva se plantea remitir a la vía penal a través de la Fiscalía de Medioambiente, es por la electrocución de 54 águilas imperiales (en peligro de extinción) durante los últimos 5 años en la provincia de Ciudad Real; donde la Administración no ha abierto un solo expediente sancionador y Endesa no pone remedio a esta sangría de muerte que fácilmente podría evitarse.
Parece ser que las compañías eléctricas permanecen pasivas o adecuando un número insignificante de postes eléctricos, amparadas por distintos convenios con la Administración que se tildan de ilegales y posiblemente delictivos por estas asociaciones. De esta manera consiguen que no se les impongan multas por matar especies protegidas, como las tramitadas y confirmadas en los Juzgados de Albacete.
Las ONG´s conservacionistas piden a Endesa que invierta 600 millones de euros anuales, para que en los próximos cinco años no haya una electrocución más en España. La misma cuantía y plazo se le pide a Iberdrola, que es la operadora eléctrica dominante y presente en la Comunidad Valenciana. Y finalmente, el escrito termina por pedirles a ambas compañías que abandonen la senda de la política y el ‘lobby’ y acojan de buen grado la de la ética y la legalidad ambiental.
