El exvicepresidente de la Diputación de València, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa, Enrique Crespo, ha ingresado en el centro penitenciario de Picassent para cumplir la condena de 10 años de prisión que le fue impuesta por el desvío de cerca de 24 millones de la citada empresa pública.
Según han confirmado fuentes de Instituciones Penitenciarias, Crespo ha pasado ya su primera noche en prisión tras apurar el plazo de dos semanas que la sección primera de la Audiencia Provincial dio a los condenados para que iniciasen su reclusión.
El Tribunal Supremo confirmó recientemente la mayoría de las penas impuestas en junio de 2018 por el ‘caso Emarsa‘ que supuso el saqueo de la empresa pública que gestiona la depuradora de Pinedo.
Crespo es el segundo de los principales condenados en esta macrocausa de corrupción que entra en prisión, tras el que fuese el responsable de Informática de la compañía, Sebastián García, apodado ‘Chanín’, condenado a seis años y seis meses, interno desde el pasado día 11 en el centro penitenciario de Teruel.
La Audiencia Provincial de Valencia condenó a 24 acusados a penas de entre nueve meses y 12 años y medio de prisión por delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación y falsedad.
Entre ellos se encuentran también el exgerente de la empresa, Esteban Cuesta, el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas (Epsar, dependiente de la Generalitat) José Juan Morenilla, o el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, cuya entrada en prisión es también inminente.
Los principales responsables de la empresa pública que gestionaron la depuradora de Pinedo articularon «un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios para que emitieran facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real, de modo que incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado», según recoge la sentencia.
La trama de facturación del caso Emarsa se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos con elevados sobrecostes, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tenían relación directa con su actividad.
El juicio por la pieza principal de este caso, que se pospuso dos veces, quedó visto para sentencia el 14 de diciembre de 2017, tras cerca de un centenar de vistas en ocho meses y siete años de instrucción, que llevó a procesar a exdirectivos de las empresas públicas Emarsa, Emshi y Epsar y a varios empresarios, por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación y falsedad.
