El jurado ha declarado por unanimidad culpable de asesinato con alevosía y ensañamiento a la joven de 22 años que reconoció haber matado a su madre en abril de 2020, cuando tenía 18, en una vivienda en la que residía en l’Alcúdia de Crespins, tras urdir un plan junto a su entonces pareja.
Las agravantes de alevosía y ensañamiento concurren al apreciarse que la víctima no pudo presentar oposición para evitar la muerte, que se produjo cuando estaba durmiendo en el sofá, y además causándole «padecimientos sumamente dolorosos y no necesarios» ya que la primera puñalada en el corazón era mortal. El jurado también la ha declarado, también por unanimidad, culpable de robo.
En el momento del crimen, había restricciones sanitarias como consecuencia de la Covid-19 y ambos convivieron con el cadáver de la víctima durante algo más de cuatro meses.
El veredicto del jurado se ha dado a conocer este miércoles por la tarde, y ahora será la Audiencia Provincial de Valencia la que fije la pena que corresponda, que serían los mínimos establecidos por ley para los delitos imputados. Inicialmente la Fiscalía pedía para la joven 30 años de prisión -25 por el asesinato y otros 5 por un delito de robo con violencia en casa habitada, con la circunstancia agravante de parentesco- pero tras la confesión de la acusada y un acuerdo con la defensa, ha rebajado su petición casi 7 años hasta un total de 20 años por el asesinato y 3 y medio por el robo. La acusación particular, que representa a un hermano de la acusada, también ha estado de acuerdo con esta rebaja.
La defensa de la joven, ejercida por las abogadas penalistas Isabel Carricondo y Laura Muñoz, había negociado previamente un acuerdo con las acusaciones a cambio de un reconocimiento de hechos.
No se ha podido determinar si la víctima estaba viva en el momento en el que su hija le asestó las últimas cuchilladas. La joven afirmó el lunes, durante su declaración, que fue su pareja quien comenzó con la agresión aunque reconoció que finalmente ella cogió un cuchillo y se lo clavó a su madre en el cuello: «Entré en shock. No sabía lo que hacer. Él me decía ‘hazlo, hazlo, hazlo’ y, al final, lo hice», relató.
En esta causa también había otro acusado, el novio de la joven, de 17 años en el momento del crimen. Al ser menor ya fue juzgado y condenado por un Juzgado de Menores a la pena de internamiento.
Los hechos se remontan al 1 de abril de 2020 en una vivienda de l’Alcúdia de Crespins en la que residían la víctima y la acusada, de nacionalidad búlgara. En un momento determinado, la joven, junto a su pareja sentimental, urdieron un plan para acabar con la vida de la madre, con la que había tenido varios desencuentros. Acordó junto a su novio matarla para poder estar juntos y hacer frente a las deudas de él por drogas.
Ese primero de abril, el novio acudió a la vivienda de la víctima con un cuchillo y tres barras de pan -estas últimas las llevaba para justificar, si le paraba la policía, que había salido a la calle a comprarlas, algo que sí estaba permitido en ese momento de pandemia con numerosas restricciones-.
Una vez llegó al portal del edificio, el novio avisó a la joven para que abriera la puerta y subió. En el interior de la vivienda, cogió una botella de amoniaco y roció a la víctima, que estaba tumbada en el sofá. Seguidamente, le golpeó en la cabeza y le asestó dos puñaladas. La mujer pudo levantarse y se dirigió malherida hacia el pasillo, donde cayó al suelo. En ese instante, el novio volvió a coger otro cuchillo de la cocina y le volvió a golpear en la cabeza. La hija, posteriormente, le asestó también varias cuchilladas y acabó con su vida.
La mujer falleció como consecuencia de un shock con perforación del corazón. Los jóvenes dejaron allí su cadáver, le robaron una tarjetas de crédito y se fueron al cajero para realizar dos extracciones de dinero. En total le robaron 6.200 euros entre el 1 de abril y el 4 de junio.
Los acusados convivieron con el cadáver de la víctima en la vivienda durante algo más de 4 meses, concretamente hasta el 20 de agosto de 2020, cuando la Guardia Civil entró a hacer un registro en la casa tras la denuncia interpuesta por varias personas del entorno de los jóvenes. En ese momento la joven tenía intactas sus capacidades volitivas, es decir, que no presentaba anomalías mentales.
