El pleno de la Diputación de Alicante ha aprobado este miércoles una moción presentada por el Grupo Popular en la que rechaza el recorte del trasvase Tajo-Segura propuesto por el Gobierno central. El texto impulsado por los populares, en el que se critica, asimismo, la «pasividad y desinterés» del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en la defensa de esta infraestructura, ha contado con el respaldo del Grupo Ciudadanos, mientras que los grupos Socialista y Compromís se han abstenido.
La vicepresidenta segunda y diputada de Ciclo Hídrico, Ana Serna, ha denunciado que el aumento de los caudales ecológicos del Tajo, aprobado ayer por la Confederación Hidrográfica de esta cuenta, «se traducirá en un recorte de 105 millones de euros de metros cúbicos para regadío, lo que supondrá la pérdida de 27.314 hectáreas de cultivo y más de 6.000 empleos, sólo en la provincia de Alicante».
«Esta decisión, que se consumará el marte en el Consejo de Ministros, es meramente política y no responde a criterios técnicos», ha criticado Serna, quien ha vuelto a advertir que la intención de sustituir el agua trasvasada por agua desalada «tendrá un sobrecoste para los regantes y los municipios y supondrá una hipoteca energética y medioambiental».
La responsable provincial ha lamentado, asimismo, la actitud de Puig «quien con el anuncio de sus recursos solo pretende cubrir el expediente». En este sentido, ha apuntado que «si el presidente de la Generalitat hubiera hecho sus deberes, ahora podría quejarse. Sin embargo, ha consentido que la ministra venga a nuestra tierra a decir que aquí hacemos un mal uso del agua». «Qué tipo de defensa de los intereses de la provincia de Alicante es esa por parte del señor Puig», ha insistido Serna, quien ha recordado que sólo se ha modificado al alza el caudal ecológico del Tajo, mientras que en el resto de las cuencas se han modificado a la baja.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutiérrez, ha respaldado la moción a favor del trasvase Tajo-Segura y ha reivindicado «la necesidad de defender esta infraestructura con todos los mecanismos legales a nuestro alcance para asegurar la prosperidad de la provincia». El también diputado de Infraestructuras ha tildado de «castigo» la política de recortes de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.
Además, ha criticado que «no deja lugar a dudas de las verdaderas intenciones del Gobierno socialista», al que ha responsabilizado de «arruinar a los agricultores alicantinos, a pesar de su gran peso en nuestro país». Entre sus propuestas, destaca un plan de ayudas a disposición de las cuencas deficitarias que permita el desarrollo sostenible de recursos propios y la creación de un organismo nacional regulador del agua.
Desde la oposición, tanto PSOE como Compromís han mostrado su rechazo al recorte del trasvase, aunque no han querido dar su apoyo al texto del Grupo Popular, a quien han acusado de «hacer partidismo» con el tema del agua.
Durante el pleno, también ha salido adelante la moción presentada por los grupos del equipo de gobierno en la que muestran su rechazo a la versión preliminar del Plan de Acción Territorial de la Vega Baja «que supone un retroceso y la paralización de la comarca», según ha denunciado la diputada de Proyectos Europeos y alcaldesa de Almoradí, María Gómez, quien ha mostrado el apoyo de la Diputación a los ayuntamientos y entidades que han alegado contra esta planificación. «Queremos que la Vega Baja avance con un desarrollo sostenible y no con un Plan de Acción Territorial que nos retrotrae a 20 años atrás», ha criticado la diputada, quien ha precisado que este documento, en fase de exposición pública y al que ya se han presentado más de 1.300 alegaciones, supone la «parálisis» de sectores tan importantes como el agroalimentario o el del turismo residencial. Desde el PSOE y desde Compromís se ha defendido, sin embargo, la alternativa presentada por la Conselleria de Política Territorial «que se ha hecho buscando el máximo consenso y que pretende poner fin al urbanismo salvaje que se ha practicado en la comarca en los últimos 20 años», ha apuntado la diputada socialista Carolina Gracia.
En el apartado de mociones, la crisis energética ha centrado varias de las propuestas. Al respecto, todos los grupos políticos han respaldado el texto presentado por el portavoz de Compromís, Gerard Fullana, para impulsar una línea de ayudas destinada a ayuntamientos para favorecer el autoconsumo de energía en los edificios públicos. Por otra parte, PP y Cs han rechazado la moción del Grupo Socialista de apoyo a la actuación en materia energética del Gobierno de España, al que Javier Gutiérrez ha reprochado «la exclusión de medidas indispensables para evitar la inflación y que demonice la energía nuclear, necesaria en el camino de la transición energética».
Por otra parte, el PP y Cs han sacado adelanta, sin la oposición, un acuerdo para instar a la Generalitat a crear un órgano de coordinación para afrontar situación de emergencias y catástrofes. El diputado de Infraestructuras y portavoz de Cs ha pedido al Consell «un manual de procedimiento en coordinación con las diputaciones y los municipios que determine cómo, quién y de qué manera se debe actuar frente a los daños causados en infraestructuras públicas».
En este sentido, Gutiérrez también ha considerado que es imprescindible «disponer de un modelo de valoración para evaluar los daños y determinar qué administración debe asumirlos, en función de las competencias y capacidad, en el caso de municipios pequeños» y ha destacado la actuación de la Diputación tras episodios como la borrasca Gloria y la DANA. «La experiencia nos está diciendo que ayudaría disponer de un modelo de canalización de las subvenciones con ventanilla única de tramitación», ha afirmado.
Finalmente, los grupos del equipo de gobierno han votado en contra de la moción presentada por Compromís en la que solicitaba que «en la institución provincial se rechace introducir en futuros gobierno a la extrema derecha, representada por VOX», ha señalado Fullana. Desde el PP y Cs se han rechazado «los cordones sanitarios a partidos políticos legales».
Inversiones
La institución provincial ha aprobado en el orden del día del pleno el Plan +Deporte, dotado con siete millones de euros, para la construcción, mejora, ampliación o reforma de instalaciones deportivas municipales, y el Plan +Agua, que contará con una partida de 4,6 millones de euros para la realización y mejora de obras hidráulicas de abastecimiento y saneamiento.
Además, se ha dado el visto bueno a distintas convocatorias de ayuda dirigidas a mejorar el estado y la seguridad de las carreteras y caminos de la provincia y que supondrán una inversión que supera los 9 millones de euros- Plan de Mejora de la Red Viaria Provincial, Plan de Mejora de Accesos a municipios y ayudas par la adquisición de luminarias y elementos para la mejora de la seguridad vial en vías y caminos rurales.
Finalmente, la corporación ha aprobado por unanimidad la convocatoria de subvenciones a ayuntamientos, dotada con nueve millones de euros, que permitirá poner a disposición de la ciudadanía cerca de 200.000 bonos consumo. El objetivo de este nuevo programa, con el que la Diputación atiende las propuestas de FACPYME, es incentivar el consumo en los 141 municipios de la provincia, respaldando de esta forma a los sectores del comercio y la hostelería.
