La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, propondrá en el próximo pleno ordinario del Ayuntamiento, previsto para el 31 de octubre, la aprobación de cinco declaraciones institucionales presentadas en el último plenario de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). «Propondré que el Ayuntamiento de Castelló se sume a declaraciones que se centran en materias como la financiación local, la despoblación, la violencia de género, el desarrollo sostenible y la vivienda», ha detallado la alcaldesa.
La declaración de la FEMP sobre la financiación local tiene como objetivo impulsar un compromiso de reforma de las haciendas locales, mediante el apoyo a iniciativas como la mejora de la financiación y la gestión económica de los ayuntamientos; la eliminación de las limitaciones existentes al destino del superávit local y las rigideces de la regla de gasto; y el saneamiento de la situación de municipios en riesgo financiero.
En la específica sobre violencia de género, se plantea renovar el compromiso de los gobiernos locales con el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres. Además, destaca que son los ayuntamientos y diputaciones las administraciones clave para el impulso de estrategias de sensibilización, detección, acompañamiento, recuperación y protección de víctimas, así como para la implementación de medidas integrales y eficaces.
En materia de despoblación, la declaración insta a asumir el compromiso de impulsar cuantas iniciativas, medidas y demandas surjan de las entidades locales en su lucha contra la despoblación y demás retos demográficos. Para ello, apunta, se mantendrá la reivindicación de participar activamente en la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico solicitando su incorporación a las políticas comunitarias que se desarrollen en el período 2018-2021.
Otra declaración institucional, la de los objetivos de desarrollo sostenible, plantea asumir un compromiso político y ético con la Agenda 2030 para convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional.
Y, por último, la declaración institucional en materia de vivienda, propone impulsar una política coordinada con todas las administraciones públicas que afronte distintos retos como la coordinación territorial o la planificación y ejecución de la política de vivienda basada en las necesidades reales y la accesibilidad universal.
