Acció Ecologista-Agró, miembro de la Comissió Ciudad-Port, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión de las obras de ampliación del Puerto de València tras el informe pericial aportado a la causa que cree necesaria una nueva declaración de impacto ambiental (DIA).
Según ha informado la entidad ecologista en un comunicado, ese perito independiente designado por el Tribunal insta a la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) a «efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria» diferente a la de 2007, ya que, a su juicio, «no se trata de una modificación en cuanto la obra es nueva».
El comunicado destaca que la prueba pericial, «realizada siguiendo el criterio del tribunal de elegir aleatoriamente a un miembro del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, respalda la tesis del colectivo ecologista, quien inicialmente propuso al Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para llevar a cabo dicho estudio».
El perito se refiere a la DIA que se formuló en el año 2007 sobre un proyecto que se ha ido modificando en el tiempo y que varía sustancialmente del anteproyecto constructivo de ampliación del puerto del año 2018.
De hecho, se concluye que, debido a las diferencias entre uno y otro, el actual proyecto de ampliación «no ha sido evaluado a efectos ambientales».
En vista de este informe, la Comissió Ciutat-Port ha pedido al TSJCV una medida cautelar que suspenda la ejecutividad del acuerdo por el que la Autoridad Portuaria aprobó el proyecto constructivo y se paralicen todas las obras del proyecto de ampliación norte con el nuevo muelle de contenedores ya en marcha.
La entidad denuncia que la APV está operando sin haber hecho los correspondientes estudios de impacto ambiental y sus consecuencias son, ahora mismo, imprevisibles.
«Hemos pedido la paralización inmediata de estas obras porque ya queda atestiguado que se conocen los efectos perjudiciales para el medio ambiente que va a traer esta ampliación y debemos parar esta atrocidad antes de que sea demasiado tarde», han señalado desde la Comissió de Territori de Accio-Ecologista Agró.
Hasta el momento el TSJCV ha desestimado las dos peticiones de suspensión cautelar de la ampliación norte por falta de acreditación del «periculum in mora» (peligro de mora: existe riesgo que exige actuar con premura) y del «fumus bonis iuris» (apariencia de buen derecho), según el auto de la nueva petición, en la que acredita la concurrencia de ambos para que el Tribunal pueda valorar la procedencia de la medida.
Detallan en el auto que las obras en ejecución en este momento consisten en el dragado del canal de acceso y la demolición del dique construido durante la primera fase de ejecución de la ampliación Norte. Además, los cruceros turísticos han pasado a atracar al sur, en la terminal de Balearia.
«En consecuencia, si queremos asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el presente proceso, que no se pierda la finalidad legítima del recurso, es necesario que se suspenda el acuerdo recurrido y se paralicen todas las obras que se estén realizando en ejecución del Proyecto de la ampliación Norte del Puerto de Valencia», agregan.
En cuanto al «periculum in mora», afirman que «consta en autos el informe del perito judicial de diciembre de 2024 donde se concluye que considerando las principales diferencias definidas, se concluye que el proyecto promovido por la APV, es distinto a la Alternativa 4 seleccionada y aprobada mediante DIA favorable en el año 2007 y, por tanto, no ha sido evaluado a efectos medioambientales».
A juicio del técnico que firma el informe, «procede efectuar una nueva evaluación de impacto ambiental ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental, ya que no se trata de una modificación en tanto en cuanto la obra es nueva».
En cuanto a la apariencia de buen derecho, afirman que «el “fumus boni iuris” viene siendo admitida con pocas reservas por el Tribunal Supremo siempre que se encuentran en peligro valores medioambientales que deben predominar frente a intereses particulares y generales de inferior relevancia».
Por ello, solicitan la suspensión de la ejecutividad del acuerdo del consejo de la APV del 2 de diciembre de 2022 que aprueba el proyecto constructivo del muelle de contenedores de la ampliación norte del puerto de València y se suspendan las obras «mientras se sustancia el presente recurso contencioso-administrativo».
