La Consellera de Sanidad, Ana Barceló, ha anunciado que la Generalitat «emprenderá las acciones legales oportunas» ante la reciente operación de compraventa ejecutada entre los accionistas de Marina Salud, la empresa concesionaria de la prestación sanitaria del departamento de Dénia, ya que se ha formalizado sin que se comunicara con antelación y sin solicitar la preceptiva autorización previa a la Conselleria de Sanidad.
Ana Barceló ha realizado estas declaraciones tras mantener hoy una reunión con el comité de empresa y la junta de personal del departamento de Dénia en la que ha traslado a los representantes de los trabajadores que se están estudiando las medidas concretas a tomar por parte de la Abogacía de la Generalitat
«También garantizaremos el cumplimiento de la Ley de Salud Valenciana que impide posiciones de dominio en el ámbito de la Sanidad Pública», ha añadido la consellera de Sanidad.
La titular del departamento de Sanidad ha enviado a los representantes de los trabajadores un mensaje de tranquilidad al comunicarles que las medidas que adopte la conselleria no tendrán efecto en el ámbito laboral. Además, ha añadido que tampoco repercutirán en la parcela asistencial.
Junto a ello, Ana Barceló ha destacado que la Conselleria «seguirá vigilando de forma estrecha a la concesión para que cumpla con las obligaciones asistenciales que tiene con la población del departamento de Dénia, tal y como establece el contrato de concesión».
Informe de la Abogacía
Ana Barceló ha indicado que la decisión de acudir a los tribunales se apoya en la resolución emitida por la Abogacía de la Generalitat sobre la operación de compraventa en Marina Salud. En su informe, la Abogacía de la Generalitat es clara y concluyente en su análisis al establecer que debería haberse solicitado una autorización administrativa previa a la compraventa de las acciones.
«El órgano de contratación debe autorizar expresamente y con carácter previo la cesión [accionarial]», detalla el informe.
La Abogacía añade que, en el caso de una transmisión de acciones, la Administración sanitaria debe tener conocimiento previo, porque esta circunstancia puede afectar a la buena marcha y eficacia del servicio de gestión integral que incide en los usuarios. Por ello, estima que la Administración no puede ser ajena a la operación de compra de acciones que se lleva a efecto por Ribera Salud para tomar el control del 100% de la empresa concesionaria.
Además el informe de la Abogacía también incorpora la respuesta dada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia a la Conselleria de Sanidad, en la que el organismo regulador estatal, de forma explícita, señala que no ha valorado los efectos de la ley valenciana de 2018 en la operación.
